Los gobiernos estatales deben esperar a que se promulgue la Ley General Anticorrupción para que sus sistemas se ajusten al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, empañados por señalamientos de corrupción, los mandatarios de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua se anticiparon y mandaron modificarlos a modo para evitar la justicia. Ante ello, el lunes pasado la PGR promovió acciones de inconstitucionalidad por oponerse a los lineamientos generales del sistema. Especialistas en rendición de cuentas aseguraron que no es suficiente: una vez se promulgue la Ley General Anticorrupción, las autoridades deben desmantelar las redes de corrupción, rastrear la ruta del dinero y actuar por la vía legal.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Seguir la ruta del dinero será la base del proceso que sigue para investigar, y en su caso castigar, a los gobernadores sobre los que pesan señalamientos de corrupción, afirmaron especialistas. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y los Gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua luego de que el mes pasado los legisladores locales aprobaron reformas “que se oponen a los lineamientos generales” del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero eso solo fue el primer paso.

La Ley General Anticorrupción –que entrará en vigor una vez sea promulgada por el poder Ejecutivo– previó que los estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten y armonicen al Sistema Nacional. Pero los priistas Roberto Borge Angulo, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez –cuyas administraciones han sido cuestionadas– se adelantaron y modificaron la reforma en este rubro con la intención de blindarse al buscar designar a funcionarios encargados de promover la justicia.