El PRI contra Borge, el monstruo que creó

POR JENARO VILLAMIL , 25 JULIO, 2016 NACIONAL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La bancada del PRI en el Senado envió una solicitud a la mesa directiva para convocar a la Corte a fin de que dé característica de “trámite y resolución preferente” a las acciones de anticonstitucionalidad que la PGR interpuso contra los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo por asumir medidas antes de que estuviera promulgado el Sistema Nacional Anticorrupción.

En rueda de prensa con el nuevo presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y el coordinador de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, se dio a conocer esta demanda, amparándose en la facultad que otorga el artículo 94, párrafo décimo de la Constitución Política.

Según Ochoa Reza el trámite preferente se solicitó “en virtud de que en esos estados se carece de las facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción, sin que se hayan publicado, primero, las leyes generales correspondientes y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”.

La acción de anticonstitucionalidad no afecta las medidas adoptadas por estos gobiernos para incrementar las deudas y transferirlas a las administraciones posteriores, sólo se concentra en los nombramientos de los fiscales anticorrupción.

Cuestionado sobre el trámite para expulsar del PRI a los gobernadores Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua, respectivamente, así como a Roberto Borge, de Quintana Roo, Ochoa Reza aclaró que está en trámite en la Comisión de Justicia Partidaria, encabezada por Fernando Elías Calles, “y tiene un comportamiento autónomo”.

Ochoa Reza reiteró que crearán un órgano anticorrupción en el PRI y existe un grupo que “estudia las mejores prácticas en la materia, internacionales, atendiendo a las experiencias de otros partidos políticos que han establecido organismos similares”.

El trámite fue suscrito este lunes 25 por el senador Arturo Zamora, del PRI, y dirigido a su similar Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva del Senado.

No obstante, se advierte que se requiere un proceso ágil en la Suprema Corte, ya que la transmisión de poderes ocurrirá el 25 de septiembre en Quintana Roo, el 4 de octubre en Chihuahua y el 1 de diciembre en Veracruz.

Con José Cárdenas
25 de Julio, 2016

Pide PRI al Senado urgir a SCJN resolver acciones contra leyes anticorrupción

El senador priista dijo que la solicitud del dirigente del PRI, Enrique Ochoa, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para acelerar el proceso de inconstitucionalidad contra los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua busca resolver una situación que pretendía encubrir o desviar la rendición de cuentas a la cual están obligados todos los servidores públicos.

Foto: Notimex

El senador priista, Arturo Zamora, condenó el asesinato de los alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López, y de Pungarabato, Ambrosio Soto; y llamó al pronto esclarecimiento de estos hechos para dar con los responsables, pues considera es la única manera de garantizar que los presidentes municipales no estén expuestos a las amenazas del crimen organizado.

«En esto nos solidarizamos con todos los presidentes municipales como partido político», expuso.

En entrevista para el noticiero de José Cárdenas reconoció que en el país hay muchos problemas que son originados por la lejanía de algunos municipios que quedan expuestos a organizaciones criminales, por ello, destacó la importancia del Mando Único y los paquetes de reformas anunciados por el Presidente de la República.

«Es la única manera de brindar el trabajo que hagan los presidentes municipales que permita que las tres esferas de gobierno, de manera coordinada puedan garantizar el ejercicio de estas administraciones municipales», recalcó.

Por otra parte, reconoció que los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, y sus gobernantes, se adelantaron a la entrada en vigor del paquete de leyes anticorrupción, cuando existía un artículo transitorio que lo impedía, acción que han calificado como inconstitucional.

Por eso, aseguró, no permitirán que haya algún intento, acto o pretensión que tenga por objeto encubrir la corrupción, e incubar la impunidad.

«Queremos desterrar la impunidad de nuestro país, hoy tenemos herramientas, instrumentos, entonces este tipo de cosas tenemos que buscar todos los sentidos evitarlas, sin importar la afiliación de partido o la corriente ideológica o la idiosincrasia política, lo importante es que debe quedar claro que los instrumentos que ya creamos deben ser eficaces en el combate a la corrupción, a la impunidad y debe haber responsabilidad a los servidores públicos que hagan uso de los recursos que tienen disponible para el ejercicio de sus funciones».

Arturo Zamora dijo que la solicitud del dirigente del PRI, Enrique Ochoa, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para acelerar el proceso de inconstitucionalidad contra los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua busca resolver una situación que pretendía encubrir o desviar la rendición de cuentas a la cual están obligados todos los servidores públicos.

El senador Arturo Zamora indicó que al interior del PRI ya iniciaron un proceso de valoración sobre la suspensión de derechos partidistas, lo que implica que deberán dar derecho a defensa y tener pruebas.

«En el PRI en este momento, en el ámbito de justicia partidaria ya tenemos iniciado un procedimiento y vamos a estar esperando el cauce que sigan estos procesos, se les hará de su conocimiento que ha presentado un militante».

Recalcó que su partido toma en serio el tema de combate a la corrupción e impunidad, por lo que Enrique Ochoa Reza «ya está conformando un grupo para generar una cartera dentro del propio Comité Directivo Nacional para combatir la corrupción de los servidores públicos emanados de nuestro partido, con las mejores prácticas en el ámbito nacional e internacional y a través del cual seguramente habrá resultados».

Consideró que nunca es tarde para hacer cosas para mejorar la convivencia social y aseguró que el PRI recurrirá a las nuevas herramientas de combate a la corrupción para que se fomente la ética y las mejores prácticas en el desempeño del servicio público de cualquier militante que acceda a cualquier cargo de representación popular o de la administración pública cumpliendo con la transparencia y rendición de cuentas.

Conferencia de Prensa ofrecida por el Senador Arturo Zamora Jiménez
Carta del Senador Arturo Zamora a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado

Conferencia de prensa ofrecida por el senador del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Zamora Jiménez, a representantes de medios de comunicación, el lunes 25 de julio de 2016.

-SEN. ARTURO ZAMORA JÍMENEZ.- Muy buenas tardes a todas y todos ustedes.

El día de hoy, hace aproximadamente una hora, el presidente del partido, Enrique Ochoa Reza, entregó una solicitud al Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI aquí en el Senado de la República, el senador Emilio Gamboa Patrón, para solicitar un trámite que es importante ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que quien lo debe plantear, es precisamente el presidente del Senado de la República, el senador Roberto Gil Zuarth.

Por esa razón, si me permiten, daría lectura al documento que hemos elaborado para dar secuencia al planteamiento de esta mañana.

Este documento que acabamos de elaborar, lo estaremos entregando en unos momentos más ante la Mesa Directiva de la Presidencia del Senado de la República.

Dice:

“El suscrito Arturo Zamora Jiménez, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 94, párrafo décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 67, numeral 1, inciso M, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito atentamente que ejerza su facultad para plantear el trámite y resolución preferente de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas el pasado 11 de julio, por la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de los estados de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, respectivamente, los cuales dieron cabida a diversas reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, cuyos postulados son contrarios a las disposiciones constitucionales y legales en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2015 y el 20 de julio de 2016 respectivamente.

“Considerando además que para todos los mexicanos resulta inaceptable atentar contra los principios constitucionales cuyo objeto es garantizar la integridad y la transparencia de las administraciones públicas, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, compartimos plenamente la exigencia del presidente de nuestro partido, Enrique Ochoa Reza, en el sentido de dar marcha atrás a cualquier acto o pretensión que tenga por objeto prohijar la opacidad, encubrir la corrupción e incubar la impunidad.

“Las acciones interpuestas se sostienen en primerísimo lugar, con base en una franca alteración del sistema normativo federativo, los principios de jerarquía de las normas nacionales y locales, y el criterio de vigencia establecido según la mejor técnica legislativa en el artículo cuarto transitorio del decreto que promulga la citada reforma constitucional de mayor del 2015.

“En éste, en efecto, el Constituyente Permanente definió expresamente que las entidades federativas sólo podrían legislar en el ámbito de su competencia, hasta que entrara en vigor las leyes secundarias que habrían de conformar el Sistema Nacional Anticorrupción, condición abiertamente ignorada por los Ejecutivos y Legislativos de los estados de Chihuahua, de Quintana Roo y Veracruz.

“Aunque nulos pues de pleno derecho los ordenamientos que se impugnan, para mayor evidencia de la violación a los principios y lineamientos constitucionales y legales del Sistema Nacional Anticorrupción, resultaría luego en los intentos de aplicación de las reformas, normas que los procedimientos a seguir para la creación de las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción, así como para la designación de sus titulares, la creación de órganos jurisdiccionales y la realización de nombramientos de sus integrantes se ha dado con base en criterios insostenibles y fuera del espíritu de la Constitución General de la República, lo cual es absolutamente inaceptable.

“La corrupción y la impunidad son el cáncer social que atenta contra la legalidad y el Estado de Derecho, que vulnera los derechos de la ciudadanía, impacta negativamente en la confianza democrática y en el valor de la justicia, en suma, frena el correcto desarrollo de cualquier sociedad, disminuyendo su cohesión, calidad de vida y enrareciendo la convivencia social y familiar.

“El combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país, exige la conjugación de esfuerzos de todos los sectores sociales, pero principalmente requiere de la acción contundente de las esferas más altas del servicio público para erradicarlos.

“El Sistema Nacional Anticorrupción es el resultado del trabajo conjunto de expertos, académicos, sociedad civil, partidos políticos, el Gobierno de la República y las cámaras del Congreso de la Unión; representa un diseño de estructura institucional complejo, robusto y sólido, en cuya cúspide está la ciudadanía y que fomenta la integridad de los servidores públicos en todo el país, ya que abarca e incluye a los tres Poderes de la Unión y las autoridades de las tres esferas de gobierno.

“La transparencia y la rendición de cuentas y el debido ejercicio del servicio público, deben prevalecer en los tres ámbitos de gobierno, para que se conviertan en instrumentos eficaces en el combate a la corrupción y la impunidad, responsabilidad que constriñe a los servidores públicos de todos los gobiernos, sin importar filiación partidaria, corriente ideológica o idiosincrasia política.

“La entrada en vigor de este sistema es un hecho histórico, que permitirá denunciar y sancionar de manera ejemplar a los servidores públicos y particulares, que incurran en actos de corrupción, con castigos que incluyen la prisión y la restitución del daño causado al erario público, pero que principalmente están encaminados a poner fin a la impunidad.

“Los mexicanos queremos un país más justo. Nuestro Sistema Nacional Anticorrupción es el primer paso para redignificar el servicio público y para iniciar un proceso de reconciliación con los ciudadanos, que nos permita recuperar su confianza.

“Con base en lo expuesto, considerando que la transmisión de poderes ocurrirá el próximo 25 de septiembre en Quintana Roo, el cuatro de octubre en Chihuahua, y el día primero de diciembre en Veracruz, de modo que pudieran consumarse con base en las disposiciones controvertidas los actos jurídicos que por su naturaleza y trascendencia afectarían de manera directa la salud institucional, la autonomía de los mecanismos de equilibrio y control del poder, y el derecho de las sociedades veracruzanas, quintanarroense y chihuahuense, a que se realice un escrutinio exhaustivo del ejercicio de los recursos públicos.

“Es por eso que a partir de las consideraciones aquí vertidas, reitero la atenta solicitud, a usted señor presidente del Senado de la República, senador Roberto Gil Zuarth, para que tenga a bien ejercer la facultad que le confieren los artículos 94 de la Constitución General de la República y 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de que solicite con la debida oportunidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sustancie y resuelva de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad referidas en el presente escrito”.

Este es el documento que hemos elaborado, que compartí con ustedes, que en este momento estaré firmando y que estaremos presentándolo, por supuesto, ante la Mesa Directiva del Senado de la República, en unos momentos más.

Este es el contenido de un trámite, que efectivamente está dispuesto ante el Poder Legislativo, para que lo presente ante el Poder Judicial, en ese equilibrio de Poderes que todos nosotros conocemos.

Es un trámite que tiene una calidad de prioritario, con la finalidad de que como lo establece la propia Constitución, en algunas controversias constitucionales, en algunos amparos o en algunos actos de inconstitucionalidad, se tenga ese derecho de tomar en cuenta la resolución de manera preferente, con la finalidad de que no vaya a haber un impacto posterior si estas disposiciones llegan a subsistir más allá del tiempo de la toma de posesión de las nuevas administraciones.

Ese es el tema que comparto con ustedes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

PREGUNTA.- Emulando a mi compañera Tania, va a ser una batería como de 15 preguntas.

Una, ¿podría hacernos favor de explicarnos o recordarnos cuál es el trámite que le queda al presidente de la Mesa Directiva? Es decir, ¿esto tiene que ser una decisión consensuada con el resto de los integrantes de la Mesa Directiva, para que se pueda enviar a la Suprema Corte o es facultad individual del presidente, decir “sí acepto” y se lo mando a la Suprema Corte?

También, en este convencimiento del PRI, de combatir la corrupción y demostrarlo públicamente, en el Senado de la República está atorado desde hace dos o tres años el asunto del fuero constitucional o mal llamado fuero, que es la inmunidad procesal a legisladores y servidores públicos.

¿Si el PRI tiene decisión de que este tema del fuero pueda desatorarse en septiembre? Porque desde la perspectiva de muchos especialistas, forma parte del camino de acabar con este mundo de impunidad de servidores públicos que tienen fuero.

En su calidad de integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, le quiero preguntar senador, ¿si es congruente con la posición anticorrupción del PRI, que sus legisladores estatales en Veracruz sigan apoyando al Gobernador en aprobar reformas que claramente lesionan intereses de la sociedad veracruzana, como lo ocurrido la semana pasada? Que los empresarios y la oposición criticaron, que es el uso de uno de los impuestos empresariales para pagar parte de las deudas del estado, y que es tan irregular que necesitó la aprobación de un Congreso, mayoritariamente priista.

Esto es ¿están los priistas en rebelión allá en Veracruz? Y mientras ustedes nos dicen que están en contra de la corrupción, que quieren frenar a Duarte, por el otro lado ellos están haciendo lo que se les viene en gana.

Y también como integrante del Comité Ejecutivo Nacional, preguntarle ¿si es verdad que este fin de semana usted presentó una carta de renuncia o que puso una carta de renuncia como integrante del CEN del PRI, ante el presidente Enrique Ochoa Reza?

-SEN. ARTURO ZAMORA JÍMENEZ.- Voy a empezar ahora sí de la última a la primera de las preguntas que me acabas de formular, Leticia, muchas gracias.

Quiero compartir con ustedes que soy integrante del CEN del PRI desde la invitación que me formuló el doctor César Camacho.

Cuando el doctor César Camacho renunció, la ortodoxia indica que uno debe presentar su solicitud de renuncia. Presenté mi solicitud de renuncia al doctor César Camacho. Esta solicitud de renuncia no fue aceptada y continué después con el nuevo presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Cuando el presidente Beltrones Rivera también hizo anuncio de la renuncia, en ese momento también hice lo propio, yo presenté mi carta solicitud de renuncia ante el propio presidente que también se iba.

Después llegó transitoriamente también la presidenta. A ella también le presenté la renuncia, y bueno, no es una cosa que haya presentado el día de ayer, o sea, no es nada que llame tampoco la atención, porque creemos nosotros, efectivamente, que cuando llega al cargo un nuevo presidente de partido, debe tener la libertad para nombrar a sus colaboradores, debe tener ese marco de libertad amplísimo para integrar su Comité Ejecutivo Nacional.

Pero es una práctica que yo vengo haciendo en todas las actividades que he tenido a lo largo de mi vida pública, y también a lo largo de mi trabajo en el partido.

Ahora, por otro lado, el trámite. El trámite que hay ante el propio presidente del Senado de la República, en el asunto de esta solicitud que estaremos haciendo en unos momentos, la facultad de acuerdo a lo que establece la Ley orgánica es exclusiva del presidente del Senado.

Esto es, el presidente del Senado no tendrá que hacer un consenso. Entiendo que el presidente del Senado correrá una atención de carácter político con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, pero esa es una facultad exclusiva tanto del presidente del Senado de la República, como en su caso también es una facultad exclusiva del presidente de la Cámara de Diputados.

Son facultades que se otorgaron en la reforma constitucional para llevar a cabo los trámites preferentes o prioritarios, cuando se hizo la reforma tanto a la ley de amparo, como la reforma que se hizo en el ámbito político.

Entonces, en este sentido, se incorporó precisamente esta facultad dada exclusivamente a los presidentes de cada una de las dos Cámaras.

En este sentido, esta es la respuesta.

Por otro lado, yo quisiera compartir con ustedes, el tema relativo al fuero. El fuero no le da inmunidad, no le da inmunidad a ninguna persona que haya llevado a cabo actos de deshonestidad o actos de corrupción.

No hay fuero contra ningún procedimiento de corrupción o contra ningún procedimiento de deshonestidad.

Lo que nosotros hemos hecho al dictar las siete leyes en materia anticorrupción, es tener las herramientas con las consecuencias jurídicas necesarias, a fin de combatir de manera eficaz la corrupción.

En el tema relativo al fuero, el fuero es solamente una inmunidad que se tiene para evitar, para evitar un tema de una acción de naturaleza penal. Pero las acciones penales tampoco concluyen o tampoco prescriben.

Sabemos muy bien que la persona en el momento en que deja de ser legislador, en ese momento puede ser sujeto de una acción penal.

Esto es, nosotros conocemos que en la propia Constitución existe el juicio de procedencia.

El juicio de procedencia que es un procedimiento para eliminar el fuero-inmunidad de estos servidores públicos.

Entonces, yo he postulado, por un lado, pues me da a mí mucho gusto que en el caso de Jalisco, se haya aprobado una reforma constitucional en esta materia, pero también le he dicho a los legisladores de mi tierra, que el tema del fuero no elimina por sí sólo el tema de la corrupción.

Lo importante es enfocarnos a seguir combatiendo la corrupción en las tres esferas de gobierno y en los tres Poderes del Estado mexicano. Eso es la parte más importante, y esto se hace si fortalecemos con hechos como el que hoy somos testigos, este tipo de temas.

Lo importante también es señalar claramente que la opinión que en un momento dado nosotros tendríamos en relación a este tema del fuero, no tiene nada que ver con el asunto de la corrupción.

En el tema de Veracruz, sí, lo estaban viendo aquí los legisladores estatales. El asunto de los legisladores estatales de Veracruz, en donde ellos votaron una especie de ley de ingresos, para etiquetar a qué se iba a dedicar un impuesto específico.

Como todo este tipo de cosas, si surge una irregularidad en el proceso legislativo, pues esto dará precisamente lugar a una acción de inconstitucionalidad o a una controversia. Pudiera dar lugar a este tipo de cosas.

En el fondo, a mí me parece que -en lo personal puedo decirlo- es un asunto en donde casi todas las entidades del país hay un impuesto a la nómina, y en muchas entidades del país las legislaturas han decidido a qué van a dedicar ese recurso, o sea, de entrada no veo rebeldía, no veo ese tipo de cosas.

En este tipo de actos posteriores, donde nosotros sí tenemos una observación y la estamos haciendo, es lo que hoy estamos presentando.

PREGUNTA.- Senador, muy buenos días. Dices aquí que se plantea hacer un trámite preferente a la resolución de la Suprema Corte.

¿Este trámite preferente de cuántos días sería? Considerando que ustedes, bueno, más bien, el 25 de septiembre es la primera toma de protesta de un gobernador. Y si no se haría ¿si esto contaminaría la transición de los gobiernos estos?

Si se resolviera, que es otra pregunta ¿ayudaría al PRI a quitarse el estigma de corruptos en estas tres entidades?

Y yo te cambiaría la pregunta, ¿entonces ya te ratificó Ochoa en su gabinete?

-SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.- ¿Cuándo se resuelve una acción prioritaria? Las acciones prioritarias las establece la Constitución, cuando por la propia naturaleza del acto de autoridad existe la necesidad de poderlo atender de manera preferente con relación a otros asuntos que están ahí formados.

Entonces, en este caso nosotros estamos haciendo la motivación ante el presidente del Senado, en el hecho de que los primeros días del mes de septiembre ya habría un cambio de partido político en el gobierno de Quintana Roo.

Nosotros estaríamos planteándonos este elemento como la motivación fundamental. Y de fondo también, ya hicimos una narrativa de cuáles son los elementos que consideramos que están afectando la constitucionalidad de la reforma que se hizo en el Congreso de la Unión.

Entonces, ¿Cuándo? Esta es una decisión que tomarían primero los Ministros de la Suprema Corte. Nosotros, como un Poder del Estado mexicano les hacemos el planteamiento a través del presidente, y luego ya los señores Ministros de la Corte determinarán cuándo podrían resolverlo.

Un parámetro, son los tiempos de cambio de gobierno en estas tres entidades.

Por otro lado, esto se está haciendo en función de la congruencia. Primero, la Procuradora de la República plantea acciones de inconstitucionalidad contra tres administraciones de gobiernos emanados del PRI.

El presidente del PRI, cuando asume el cargo, lanza un mensaje de combatir la corrupción; lanza un mensaje en donde ahora el presidente del PRI está actuando en congruencia al discurso.

Lo que nosotros estamos haciendo, por supuesto, es con el ánimo de clarificar a la rosa de los cuatro vientos este tipo de acciones; no estamos nosotros haciéndolas de otra manera, sino porque es parte precisamente de la congruencia que debemos tener quienes estamos en la función pública y en este caso también de los partidos políticos, por eso él lo ha dicho en su discurso, lo enfatizó acá y en el propio documento, que no solamente estaremos planteándonos el tema de la corrupción que pueda haber en nuestro partido político, sino también en los demás partidos políticos; o sea, el problema de la corrupción no es exclusivo de un partido político.

En otros partidos políticos está demostrado en muchas administraciones públicas un problema también de corrupción; esto, por supuesto, nos dará y nos da la calidad moral de poder combatirlo de manera eficaz.

Entiendo que también es una función de los partidos políticos, hoy que los Poderes del Estado mexicano han hecho esta reforma en materia anticorrupción.

Por otro lado, en el tema de la ratificación, había de habérselo preguntado a él, ya que estaba aquí.

Les voy a decir una cosa, estoy colaborando y sigo colaborando ahí. He presentado, por supuesto, mi solicitud de renuncia; pero, simple y sencillamente estoy a la espera de que se tome una determinación, tan sencillo como eso.

PREGUNTA.- Sólo le quiero hacer una pregunta, abogados de grandes empresas han detectado que puede haber un problema muy serio en el Poder Judicial, si se aplican estas leyes anticorrupción; es decir, que pueden las grandes empresas ser motivo, ser extorsionadas por los mismos jueces para que no se les puedan poner sus multas o sanciones administrativas o penales.

Entonces, saber si desde su perspectiva, usted que conoce este ámbito judicial, ¿podría haber este riesgo para las empresas, que los jueces extorsionen a las mismas empresas para no ponerle tal o cual sanción si no hay de por medio un moche?

SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.- Creo que no hay ninguna oportunidad para que ningún actor, de ninguno de los tres Poderes del Estado, incurran en actos de esta naturaleza.

El objetivo de construir leyes en donde se establece claramente los modelos delictivos para los servidores públicos, dentro de los cuales están los integrantes del Poder Judicial, en el sentido de que si ellos exigen, reciben o perciben a cambio de una determinación, o a cambio de un no, hacer algo para lo cual están obligados, algún beneficio, esto es un tipo penal; o sea, esto es un delito.

Entonces, creo que con la construcción que se hizo a la reforma penal, con la Ley General en Materia de Anticorrupción -que así la conocemos-, con las reformas que se hicieron al sistema de la administración pública, con la creación del Fiscal Anticorrupción, con todo esto creemos que se blinda más la puridad y la transparencia en que debe darse el servicio público, sobre todo cuando se trata de la administración de justicia.

Los jueces son garantes de la ley, son depositarios de la ley; son intérpretes de la norma y luego entonces, los jueces deben observar ahora sí que sus principios en donde se conviertan en los tutores de los intereses y los derechos de los empresarios y de todos los mexicanos.

Los invito. En este momento voy a acudir a la Mesa Directiva a hacer la entrega del documento, al presidente de la Mesa Directiva o ahí a Oficialía de Partes.

En este momento acudo a este lugar a formalizar esto que les acabo de comentar.

Muchas gracias.