Por: La Jornada*
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) instruyó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan) entregar copias de los contratos de crédito a corto plazo que fueron parte del refinanciamiento de entre 3 mil y 4 mil millones de pesos de la entidad, por no ser información reservada, informó la ex diputada federal panista Alicia Ricalde Magaña.
Afirmó que solicitó dicha información, junto con sus abogados, para demostrar el desvío de recursos en el gobierno de Roberto Borge Angulo, pues la deuda en su administración asciende a 24 mil millones de pesos; ademas, existe la presunción de que parte de esa deuda se usó para campañas electorales, en el pasado proceso comicial.
Agregó que la presunción de malos manejos se debe a que en la entidad no hubo obra pública durante este gobierno que casi concluye; la mayoría, especificó, fue hecha con recursos federales.
Ricalde Magaña explicó que cuando concluyó el proceso electoral, el Idaipqroo nos dio la razón y ordenó a Hacienda estatal entregar copia de los contratos de deuda que fue refinanciada; además solicitó medidas de apremio contra el titular de la Sefiplan, Juan Pablo Guillermo.
Avalan refinanciar deuda en 2013
A mediados de 2013, la 13 Legislatura estatal autorizó al gobierno refinanciar su deuda superior a 3 mil millones de pesos. Ricalde Magaña solicitó por conducto del Itaipqroo copias de esos contratos de crédito a corto plazo. La respuesta fue que se trataba de información reservada, por lo que interpuso un recurso de revisión, que salió a su favor después de un año, ya que pasó el proceso electoral local.
Explicó que en la facultad que le confiere el artículo 6 de la Ley de Deuda del estado, el gobernador Borge Angulo contrató crédito a corto plazo, a pagar en 180 días, sin que se incluyera en la Ley de Ingresos estatal de 2014. Esa situación violó el principio de coparticipación establecido en el capítulo 2 de la contratación de obligaciones a corto plazo artículo 32 de la Ley de Disciplina financiera de entidades y municipios, indicó.
La referida ley estipula las facultades y restricciones de los estados al contratar deuda, la cual en ningún momento podrá contraerse para gasto corriente, sólo para la ejecución de obras públicas.
En ese contexto, Ricalde Magaña precisó que el Congreso local aprobó la refinanciación de créditos contratados con anterioridad, bajo el supuesto estado de emergencia dictado por Borge, y antes de los 180 días permitidos para su liquidación distrajeron recursos federales para pagarla y redocumentarla, mencionó.
Por esa situación se dio vista al Ministerio Público, y se solicitó al Itaipqroo dictar medidas de apremio que consistirían en multas o arresto en contra del titular de hacienda estatal.
En tanto, el presidente de la Coparmex en Quintana Roo, Eloy Peniche, se sumó a la petición de que el gobernador Borge Angulo también sea auditado por Hacieda, como lo hace con el mandatario de Veracruz, Javier Duarte.
Si todo sale correcto qué bueno, si no, que se atengan a las consecuencias legales, manifestó el líder empresarial, tras agregar que las auditorías se lleven el tiempo necesario para saber cómo se aplicó el recurso de Quintana Roo.
Dimite titular en Chihuahua
El presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Enrique Medina, renunció por motivos personales al cargo, a cuatro meses de que concluya su periodo legal.
El dirigente panista Mario Vázquez Robles calificó la dimisión de una burda maniobra del gobernador César Duarte, para cubrirse las espaldas, antes de concluir su sexenio. Porque de acuerdo con la norma, los titulares del Ichitaip duran en el cargo tres años.
El jueves pasado, Enrique Medina hizo pública su renuncia, y se espera que a más tardar el próximo lunes se incorpore como delegado de Infonavit en la entidad, cargo que ya había ocupado hace años.
La posición de Medina dentro del consejo del Ichitaip deberá ser ocupado por algunos suplentes designados por el Congreso de Chihuahua; en el orden de prelación le corresponde asumir al abogado Héctor Hugo Natera, actual director de capacitación del Ichitaip.
Vázquez Robles advirtió que el gobernador César Duarte y el PRI pretenden apoderarse del Ichitaip, dejando en el cargo a una de las dos consejeras que impulsó para llegar al instituto (Rosa María Armendariz y Nancy Martínez) en un controvertido proceso de designación por el Congreso estatal.
Aseguró que Duarte Jáquez pretende dejar en la presidencia del Ichitaip a una de las dos consejeras para que presida el organismo de transparencia durante los próximos tres años, antes de que el pleno del Congreso, que tendrá mayoría panista, elija en diciembre tres nuevos consejeros, para sustituir a los que concluyen su periodo constitucional ese mes.
