Regidores de Benito Juárez ni enterados de cambios en la Secretaría de Seguridad Pública

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Los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez supieron de último momento que habría cambios en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal.
Es más, ni tenían en claro la situación de José Luis Jonathan Yong Mendoza, quien fue removido de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal y sustituido por Alejandro Rodríguez Zepeda.
Por ejemplo, el regidor Julián Ramírez Florescano aseguró que no le habían comunicado el motivo de la reunión, que sólo le habían solicitado su presencia.
Por su parte, el regidor de Seguridad Pública, Rubén Treviño, supo que Yong ya no ocupaba el cargo al frente de la corporación, pero dijo que se había enterado recién esa mañana.
“Me enteré hoy por la mañana. Lo que nos informaron ahorita en la mañana es que ya no”.
Pero la regidora Blanca Pech sólo atinó a responder: “Apenas podemos decirles lo que acaban de ver y hasta ahí, pero sí se van a dar cambios importantes dentro de la policía”.
Incluso, en el comunicado del Ayuntamiento de Benito Juárez, la sustitución de Yong Mendoza por Rodríguez Zepeda ni siquiera fue la información a resaltar –la principal fue el nombramiento del asesor de seguridad, el militar Julián Leyzaola–, sino que ésta fue relegada hasta la mitad de la segunda página, de cuatro que conforman el documento, siendo las últimas dos destinadas para detallar el currículum de ambos funcionarios presentados.
Asesor cuestionable
Con bombo y platillo, fue presentado por el presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada, presentó al teniente coronel Julián Leyzaola como asesor operativo en seguridad.
En un video sobre su carrera, se destacó el currículum de Leyzaola, quien en 2007 fue secretario de Seguridad Pública municipal de Tijuana, Baja California, donde, según el video presentado por el gobierno municipal, logró reducir hasta 70 por ciento crímenes como el narcotráfico, extorsiones, trata de personas y secuestro, parte de ello con la depuración de los cuerpos policiacos.
Sin embargo, se omitió que el militar fue inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos sólo en Baja California, luego de que la sindicatura de Tijuana encontró pruebas de violaciones a los derechos humanos contra uno de sus elementos, un policía municipal, quien en 2011 acusó a Leyzaola y a Gustavo Huerta Martínez, exdirector de Policía y Tránsito Municipal, para que se implicara en un robo.
También se sospecha que envió a 25 policías de Tijuana que fueron presos en marzo de 2009 y trasladados a las instalaciones del 28º Batallón Militar, donde fueron víctimas de torturas y abusos físicos hasta el día de su liberación, aunque no se le pudo comprobar nada.
En una nota, el portal de Univisión refiere: “Mientras los niveles de delincuencia disminuían, otras voces comenzaban a denunciar abusos policiacos e incluso torturas, no solo por parte de los elementos policiacos sino en manos del propio Leyzaola.
“Las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos emitieron recomendaciones por el proceder del jefe policiaco, sin que éstas hayan sido atendidas”.
En 2011, Leyzaola estuvo al frente de la policía municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde logró disminuir hasta el 85 por ciento los delitos, por lo que fue reconocido por la DEA y el FBI.
Dentro de su currículum, se encuentra que Leyzaola se enfrentó a los cárteles de Tijuana y Sinaloa, lo cual ha ocasionado ser el blanco de varios atentados en contra de su vida hasta en siete ocasiones, como destacaron tanto el boletín como los regidores.
Destaca que a la llegada de este teniente coronel militar, tanto Tijuana como Ciudad Juárez eran identificadas como las unas de las ciudades más peligrosas del mundo.
Ahora llega con la encomienda de reducir los niveles de delincuencia en el polo turístico más importante del país, pese a que los regidores y el propio Leyzaola se empeñan en decir que la situación aún no es alarmante en Cancún.

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Pedro Canché es un periodista independiente y el fundador de Pedro Canche Noticias. El ha sido perseguido por el Gobierno Mexicano por darle voz al pueblo indígena Maya y los campesinos del Yucatan y pasó 9 meses en la cárcel en un caso de persecución politico que Reporteros Sin Fronteras llamaban absurdo. "Podrán encerrar el cuerpo humano pero nunca podrán encerrar la libertad de expresión." dijó Pedro Canché.

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