(Luces del siglo).- PGR instruye evitar modificaciones a los orígenes de la empresa.
CANCÚN, Q. ROO.- Desde febrero pasado la Secretaría de Economía (SE) mantiene asegurada toda la documentación oficial de la naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A. de C.V., para evitar movimientos que alteren la composición accionaria de la empresa, así como actos que pretendan borrar los nombres de los socios originales, presuntos prestanombres del ex gobernador Roberto Borge.
Dicho aseguramiento fue en cumplimiento de una orden expresa de la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de las investigaciones que se siguen dentro del expediente FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR 00007-49/2016, cuyo principal involucrado es César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, quien hasta las últimas modificaciones al acta constitutiva figuraba como accionista mayoritario.
La orden expresa de aseguramiento de la PGR a la SE deriva a su vez de un juicio de procedimiento administrativo que se sigue en contra de la naviera y expresa lo siguiente:
Para evitar la celebración de actos en que sean modificados los socios o los accionistas, al objeto, el capital social, a efecto de que se evite la disolución de la sociedad o se realice algún acto jurídico que modifique las condiciones de constitución de la misma.
La empresa fue constituida el 22 de junio de 2012 con un capital de 200 mil pesos y originalmente los principales accionistas eran Franco González Padrón y el propio González Hermosillo, pero conforme empezaron las investigaciones contra la naviera el primero de ellos renunció en agosto de 2016 a la sociedad, aunque eso no borró la antigua relación de socio en el negocio naviero del señor Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador.
Todavía en febrero de 2015, cuando se inauguró la entrada en operación de la naviera Barcos Caribe, González Patrón se ostentaba como presidente del Consejo de Administración y representante legal de Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe.
Pero luego arreciaron los señalamientos y sospechas del financiamiento de la empresa, ya que ninguno de los dos accionistas podrían probar capacidad económica para haber invertido casi 300 millones de pesos tan solo para la adquisición de cinco barcos, trasladados desde Australia, a las empresas Kilimanjaro Fast Ferries Limited, Word Heritage Cruises y Aluminium Marine PTY, Ltd.
Los pagos de estas adquisiciones salieron a través de diversas transferencias de una cuenta del banco Santander, propiedad de Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, hacia otra cuenta radicada en Australia a nombre de IBS GLOBAL PTY, LTD, una “Scrow” o garantizadora confiable de la recepción y de la entrega del dinero a su destinatario final.
También llevó participación el broker Jaime Braun, encargado de relacionar al comprador con el vendedor y con los fabricantes de los cinco navíos.
A la operación la propia naviera la bautizó como “Proyecto Monarca” y pretendía ocultar las transferencias bancarias, lo cual ya no fue posible porque los documentos que prueban esas transferencias son parte de otra investigación que se sigue a la empresa ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a la que se anexaron copias de los contratos de compra-venta, así como de las transferencias bancarias.
Hasta el último cambio en la constitución de la empresa el Consejo de Administración estaba integrado por César Celso González Hermosillo y Melgarejo, como presidente; Álvaro Jesús Martín Martín, secretario; Elías George Mousa Tanus, tesorero; y Adriana Melisa Palma Fuentes, comisaria.
De manera indirecta en este expediente se investiga a la madre del ex gobernador, Yolanda Angulo Castilla, por “donar” los inmuebles que presuntamente compró al Gobierno del Estado durante la administración de su hijo Roberto Borge Angulo, para aumentar el capital de las empresas del grupo empresarial de la familia, particularmente a Caracol 65 S.A. de C.V., donde el principal accionista es nuevamente César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
Cada vez se estrecha más el cerco judicial contra Borge y sus cómplices en el saqueo a las arcas públicas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
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