Una auténtica sociedad democrática se caracteriza por el respeto a la diferencia de pensamiento y las garantías que el Estado puede brindar para que esas divergencias se puedan expresar en los canales más adecuados, siempre respetando la dignidad humana.
En este sentido, el gobernador Carlos Joaquín propuso al Congreso del Estado la abrogación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, para dar paso a una Ley que nazca del consenso de los involucrados en la protección de los derechos humanos y en el ejercicio del periodismo.
Esta decisión se tomó debido a que desde antes de su promulgación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue duramente criticada por algunos sectores de la sociedad, principalmente de reporteros y periodistas quienes fueron difamados y perseguidos desde el gobierno estatal anterior.
Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó varios artículos de la ley y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por su anticonstitucionalidad. No obstante con estos puntos en contra el ordenamiento legal se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Quintana Roo el 14 de agosto de 2015.
Ahora Carlos Joaquín ha ofrecido que se abran foros, debates y consultas, entre las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, de periodistas, y de representantes de la sociedad civil, que también tengan algo aportar; y que durante ellos se permita la libre expresión para la construcción de la Ley.
Lo que más quiero es la protección de los periodistas y que los derechos humanos se respeten, que haya libertad de expresión, seguridad y la certeza que todos necesitan para poder realizar su trabajo, dijo Carlos Joaquín.
