Por Jan-Albert Hootsen, corresponsal del CPJ en México*
A medida que las elecciones del 5 de junio se acercaban, las llamadas telefónicas anónimas recibidas por el periodista mexicano Pedro Canché se hacían más frecuentes y más ominosas. «El Caribe es un mar grande, nunca te encontrarán», le dijo un sujeto. «Espero que hayas hecho un testamento», dijo otro. Un tercero le dijo a Canché «Recuerda lo que le pasó a Rubén Espinosa», fotógrafo que fue asesinado en Ciudad de México el 31 de julio del año pasado. «¿Quieres que eso te pase a ti también?».
«Siempre colgaban el teléfono inmediatamente después, no sé quiénes eran los que llamaban», Canché, periodista indígena y uno de un puñado de periodistas independientes en el sureño estado mexicano de Quintana Roo, declaró al CPJ. Canché afirmó que había recibido la mayoría de las amenazas telefónicas entre el 25 de mayo y el 1 de junio, justo cuando la campaña para las elecciones al puesto de gobernador estatal, que fueron celebradas el domingo pasado, estaba a punto de culminar. El periodista indicó que no pudo denunciar las llamadas ante la policía porque no había podido grabarlas.
Canché no solamente ha sido frecuente blanco de amenazas de muerte; desde principios de año ha sido víctima de una campaña digital de descrédito llevada a cabo por sitios web que lo acusan de, entre otras cosas, el tráfico ilegal de madera tropical –Canché también es dueño de un negocio de muebles– y de llevar «un estilo de vida depravado».
El periodista sostuvo que varios sitios web estaban involucrados en la campaña. El CPJ pudo corroborar la existencia de al menos dos de ellos, uno de los cuales fue retirado de la Internet poco después de la jornada electoral. El otro es el sitio web de Respuesta, un periódico en formato tabloide sin aparente filiación partidista, pero con estrechos vínculos con quienquiera que esté en el poder.
«La mayoría de esos artículos eran tan ridículos que me hacían reír», Canché expresó al CPJ. «Pero ese periódico tiene una gran circulación en el estado y algunas personas podrían creerle. No ha tenido mucho impacto en mi trabajo, pero sí lo tomo en serio».
Por mucho tiempo Canché ha sido un crítico de la gestión del gobernador saliente, Roberto Borge, del gobernante Partido Revolucionario Institucional. Al periodista, quien publica la mayoría de su trabajo en su sitio web, Pedro Canché Noticias, no le es desconocida la intimidación contra la prensa. En 2015, el CPJ documentó cómo él había pasado 271 días en la cárcel acusado del delito de sabotaje, por presuntamente haber organizado protestas contra el elevado costo del servicio de agua en la región sur de Cancún, y cómo un juez federal posteriormente había desestimado la condena.
El CPJ entrevistó a Canché el fin de semana pasado en Ciudad de México. El periodista declaró que había decidido pasar el fin de semana de las elecciones en la relativa seguridad de la capital debido a las amenazas y las campañas de descrédito contra su persona, las cuales él atribuye a su decisión de no respaldar a ningún partido o candidato para gobernador durante la campaña. «Todos los medios de Quintana Roo han sido manipulados por los partidos políticos y el gobierno estatal», Canché expresó al CPJ. «Quienquiera que decida no respaldar a ningún partido, como yo lo hice, será amenazado y desacreditado».
Si bien el CPJ no pudo verificar su afirmación sobre el sesgo de los medios, el acoso contra Canché no fue un hecho aislado. Reporteros, medios de prensa y organizaciones de libertad de prensa de todo México denunciaron casos de periodistas que fueron acosados durante las elecciones regionales que se celebraron en 12 estados mexicanos. Ellos también hablaron de la existencia de un clima cada vez más hostil contra los periodistas a medida que las campañas llegaban a su fin.
Los votantes de 12 estados eligieron nuevos gobernadores, alcaldes y miembros de los congresos estatales en el mayor acontecimiento electoral antes del término del mandato del presidente Enrique Peña Nieto en 2018. Algunos de los estados más violentos del país, como Veracruz y Tamaulipas, estuvieron entre los que celebraron elecciones. Solamente en Veracruz, seis periodistas han sido asesinados en relación con su labor desde que el saliente gobernador Javier Duarte comenzó su mandato en 2010, según datos del CPJ. En otros nueve casos de periodistas muertos, el CPJ investiga el móvil del crimen.
Los datos del CPJ indican que la mayoría de los periodistas asesinados en México en los últimos años informaban sobre la política. La violencia contra los periodistas, activistas y trabajadores políticos rivales durante las campañas electorales y en la jornada electoral es común en el país. La organización de libertad de expresión Artículo 19 observó de cerca las últimas elecciones y denunció que se realizaron al menos 19 ataques o actos de acoso contra periodistas en la jornada del 5 de junio.
En Ciudad de México, que celebraba elecciones para una nueva asamblea constituyente con la tarea de redactar una nueva Constitución para la capital, el periódico Reforma informó que dos de sus periodistas fueron rodeados por partidarios del Partido de la Revolución Democrática. Los dos reporteros, que el periódico no mencionó, investigaban rumores sobre la compra de votos en la sureña delegación de Tlalpan, cuando fueron rodeados durante por lo menos una hora por alrededor de 50 personas que llevaban ropas con el logotipo del Partido de la Revolución Democrática, según versiones periodísticas. El medio de prensa fue el único que tenía periodistas en la escena en ese momento. La multitud solamente dejó ir a los periodistas después de borrarles fotos de sus cámaras. El periódico precisó que algunos integrantes de la multitud también amenazaron con cometer violencia contra los periodistas si publicaban algo al respecto. El partido no ha efectuado ninguna declaración pública sobre los hechos. Los reiterados intentos del CPJ por comunicarse con un vocero del partido fueron infructuosos.
Tres periodistas que investigaban denuncias de compra de votos en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, en el norteño estado de Chihuahua, fueron detenidos en la jornada electoral. Saturnino Martínez Nava, quien dirige el sitio web La Revista NCG y ejerce de corresponsal del canal televisivo nacional Televisa; Cecilia Fuentes Arvizu, del periódico El Diario del Noroeste; y Karina Hernández Acuña, del sitio web Akro Noticias, fueron arrestados por agentes de la policía municipal, según versiones periodísticas.
Gustavo Valdez, gerente de la edición local de El Diario, el mayor periódico de Chihuahua, declaró a medios locales que la policía no había justificado el arresto de los periodistas. Proceso, un semanario de investigación de Ciudad de México, informó que el alcalde, Rodolfo Soltero Aguirre, había ordenado el arresto de los periodistas, quienes fueron acusados de ingresar ilegalmente a una cabina de votación, con lo cual violaron el derecho de los votantes a depositar su voto en secreto. Larevistancg.com indicó que un guardia les había dado permiso a los periodistas para entrar a la cabina de votación, pero se informó que el guardia lo había desmentido posteriormente cuando fue confrontado por los agentes de policía.
Otros medios informaron que Soltero les había declarado a los medios locales que había ordenado la liberación de los periodistas. Martínez fue liberado poco después del arresto, pero Fuentes y Hernández permanecieron en poder de las autoridades durante otras ocho horas. Ninguno de ellos enfrenta ninguna otra acción.
El CPJ no pudo comunicarse con la municipalidad de Nuevo Casas Grandes para obtener una declaración. El alcalde Soltero, miembro del Partido Revolucionario Institucional que no era candidato a la reelección y dejará el cargo este año, ofreció disculpas en larevistancg.com por lo sucedido el domingo.
Los analistas políticos en general coinciden en que las elecciones del pasado fin de semana fueron una victoria para el conservador partido opositor Partido de Acción Nacional, que ganó las elecciones a gobernador en siete estados, y una dura derrota para el Partido Revolucionario Institucional.
[Informaciones desde Ciudad de México].
BLOG | MEXICO
In Mexico, covering state elections brings risk of threats and violence
By Jan-Albert Hootsen, CPJ Mexico Correspondent
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Miguel Angel Mancera, the mayor of Mexico City, casts his vote on June 5. Journalists were threatened and harassed in the lead up to state elections. (Reuters/Edgard Garrido)
Miguel Angel Mancera, the mayor of Mexico City, casts his vote on June 5. Journalists were threatened and harassed in the lead up to state elections. (Reuters/Edgard Garrido)
As the June 5 elections approached, the anonymous phone calls to Mexican journalist Pedro Canché became more frequent and more ominous. «The Caribbean is a big sea, you’ll never be found,» one said. «I hope you’ve written a will,» said another. A third caller told Canché, «Remember what happened to Rubén Espinosa,» referring to the photographer murdered in Mexico City on July 31 last year. «Do you want that to happen to you too?»
«They always hung up after immediately, I don’t know who the callers were,» Canché, an indigenous journalist and one of a handful of independent reporters in the southern Mexican state of Quintana Roo, told CPJ. He said he received most of the threatening calls between May 25 and June 1, just as the campaign for last Sunday’s election for state governor were about to end. He said he was unable to report the calls to the police because he wasn’t able to tape them.
Canché has not only been dogged by death threats. Since early this year he has been the target of an online smear campaign by websites accusing him of, among other things, illegally trafficking tropical lumber–Canché also owns a furniture business–and having a «depraved lifestyle.»
He said several websites were involved in the campaign. CPJ could corroborate at least two, one of which was taken offline shortly after election day. The other is the website of Respuesta, a tabloid newspaper with no apparent party affiliation, but close ties to whomever is in government.
«Most of those articles were so ridiculous that they made me laugh», Canché told CPJ. «But that newspaper has a big circulation in the state and some people might believe it. It hasn’t had much impact on my work, but I do take it seriously.»
Canché has been a long-time critic of the administration of outgoing governor Roberto Borge, of the ruling Party of the Institutional Revolution. The reporter, who publishes most of his work on his website, Pedro Canché Noticias, is no stranger to intimidation against the press. In 2015 CPJ documented how he spent 271 days in prison on charges of sabotage, for allegedly organizing protests against high water bills in the region south of Cancún, only to have the conviction thrown out by a federal judge later.
CPJ spoke with Canché last weekend in Mexico City. He said he decided to spend the election weekend in the relative safety of the capital due to the threats and smear campaigns against him, which he believes were caused by him not choosing to back any party or candidate for governor during the campaign. «All the media in Quintana Roo have been co-opted by political parties and the state government,» he told CPJ. «Whosoever chooses not to support any party, like I did, will be threatened and smeared.»
While CPJ was not able to verify his claim about media bias, the harassment against Canché was not an isolated case. Reporters, media outlets, and press freedom organizations across Mexico reported cases of journalists being harassed during the regional elections that were held in 12 Mexican states. They also spoke of an increasingly hostile climate against journalists as the campaigns neared their end.
Voters in 12 states elected new governors, mayors, and members of state congresses in the largest electoral event before the end of President Enrique Peña Nieto’s term in 2018. Some of the most violent states in the country, including Veracruz and Tamaulipas, were among those holding elections. In Veracruz alone, six journalists have been murdered in relation to their work since outgoing governor Javier Duarte began his term in 2010, according to CPJ research. In another nine cases of killed journalists, CPJ is investigating the motive.
CPJ research indicates that a majority of the journalists murdered in Mexico in recent years reported on politics. Violence against journalists, activists, and rival political workers during electoral campaigns and on voting day is common in the country. The freedom of expression group, Article 19, closely monitored the latest elections and reported at least 19 attacks or acts of harassment against journalists on June 5.
In Mexico City, which was holding elections for a new constitutional assembly tasked with drafting a new constitution for the capital, the newspaper Reforma reported that two of its journalists were surrounded by sympathizers of the Party of the Democratic Revolution. The two reporters, whom the newspaper did not name, were investigating rumors of vote-buying in the southern borough of Tlalpan, when they were surrounded for at least an hour by about 50 people wearing clothes that carried the Party of the Democratic Revolution logo, according to reports. The outlet was the only one that had reporters at the scene at that time. The crowd allowed the journalists to leave only after they had erased photos from their cameras. The newspaper said members of the crowd also threatened the journalists with violence if they were to publish anything. The party has not commented publicly on the case. Repeated attempts by CPJ to reach a spokesperson for the party were not immediately successful.
Three journalists investigating allegations of vote-buying in the city of Nuevo Casas Grandes, in the northern state of Chihuahua, were detained on election day. Saturnino Martínez Nava, who runs the website La Revisa NCG and works as a correspondent for national broadcaster, Televisa, Cecilia Fuentes Arvizu, of newspaper El Diario del Noroeste, and Karina Hernández Acuña of the website Akro Noticias, were arrested by municipal policemen, according to reports.
Gustavo Valdez, manager of the local edition of El Diario, Chihuahua’s biggest newspaper, told local media the police had not justified the arrest of the reporters. Proceso, a Mexico City investigative weekly, reported that the mayor, Rodolfo Soltero Aguirre, ordered the arrests of the journalists who were accused of breaking into a voting booth, thus violating the right of voters to cast their ballot in secret. La Revisa NCG said the reporters were given permission to enter the voting booth by a guard, who later denied he had done so when confronted by policemen.
Other media reported that Soltero told local media he ordered that the journalists be freed. Martínez was released shortly after his arrest, but Fuentes and Hernández remained in custody for another eight hours. None of them face further action.
CPJ was unable to reach the municipality of Nuevo Casas Grandes for comment. Mayor Soltero, a member of the Party of the Institutional Revolution who was not up for re-election and will leave office this year, apologized in La Revisa NCG for what had happened.
Political analysts largely agree that last weekend’s elections were a victory for the conservative opposition National Action Party, which won governor in seven states, and a heavy defeat for the Party of the Institutional Revolution.
[Reporting from Mexico City]
Jan-Albert Hootsen, CPJ’s Mexico correspondent for the Americas program, works as a correspondent for Dutch newspaper Trouw, and regularly contributes to publications including Newsweek and RTL Nieuws. He is based in Mexico City.
