Borge aplicó programas que no atendieron la pobreza y miseria
Cancún. 06 Febrero.- La Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedesi) de Quintana Roo fue utilizada por el exgobernador Roberto Borge Angulo y los priistas con fines electoreros y para justificar campañas políticas, señaló el nuevo titular de la dependencia, Julián Ricalde Magaña.
Además de que, dijo, los programas sociales no sirvieron para el combate a la pobreza y la miseria de los quintanarroenses, por lo que ahora la secretaría enfrenta tres demandas cercanas a los dos millones de pesos de parte de Liconsa, por la entrega de leche en el 2015 y 2016, cuando fueron electos diputados federales y gobernador, presidentes municipales y legisladores estatales, respectivamente.
Reveló que a través del programa borgista “Reciclando Basura por Alimentos”, se depositaron toneladas de basura en el relleno sanitario de Benito Juárez, que presidía el priista Paul Michel Carrillo de Cáceres, a cuenta de los contribuyentes.
“Era un programa invasivo, mediático y lo más importante, para efectos de lo que se busca en desarrollo social, no implicaba abatir ninguna necesidad, no mejoró ninguna de las carencias como era la alimentación. No era un programa sostenido, lógico, metódico ni de seguimiento e inclusión social como es el de Prospera u otros. Eran ferias”, aseguró Julián Ricalde Magaña, secretario de Sedesi.
De ahí que mencionó que hizo las entregas pertinentes a la Secretaria de la Función Pública de todas las anomalías encontradas, tras de que tomó cargo de la dependencia, en espera de que se finquen sanciones administrativas o penales en contra de los responsables.
La Sedesi estuvo bajo la responsabilidad del hoy rector de la Universidad de Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo, y los exdiputados federales priistas Román Quian Alcocer y al final Lizbeth Loy Gamboa Song.
Secretaría plagada de irregularidades
En conferencia de prensa, Ricalde Magaña aseguró que durante el gobierno de Borge Angulo la secretaría que ahora encabeza no se operaron lo programas “Reciclando Basura por Alimentos” y “Brigadas del Bienestar”, pues la dependencia solo sirvió para comprobar los gastos, al parecer de carácter electoral.
“Programas que no tuvieron trascendencia alguna” para las etnias mayas y las personas en situación vulnerable, pues 36 por ciento de la población enfrenta pobreza, y 7% vive en miseria, según el reconoce el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), “pues fueron con fines electoreros” y para la compra de votos y conciencias, aseguró el actual titular de la dependencia del Gobierno de Quintana Roo, Julián Ricalde Magaña.
“Lo que es obvio, es que no se aplicaron los recursos, donde se tenían que aplicar. Que los programas estaban diseñados para cumplir otras funciones y no de desarrollo social. Totalmente políticos. Y que ahora no se quiere hacer otra vez en la Secretaría, al buscar una forma de trabajo que combata la pobreza y desigualdad de la gente, que enfrentan carencia alimentaria, educativa, de salud y vivienda, y sí mejorar sus condiciones a través de un desarrollo. El que ya dejemos y se abandone para siempre ese tipo de programas electoreros, que no sirven para nada, que se gastan el dinero de los contribuyentes pero que al final no se pagan; la opacidad total”.
Linconsa demandó a Sedesi, por 2 MDP
Dijo que como parte de la entrega recepción de la Sedesi que firmó, y tras una revisión que hizo como secretario de la misma, encontró una serie de irregularidades e inconsistencias que en nada beneficiaron a los indígenas y a los quintanarroenses. Observaciones que, dijo, ya entregó en su momento a la Secretaría de la Función Pública de Quintana Roo, que encabeza Fernando del Pozo, para generar sanciones de carácter administrativa o penales contra los responsables.
Entre todas esas anomalías, detalló, es que se realizaron documentación que no corresponde a los programas que al parecer se realizaron o nunca se llevaron a cabo; con el fin, presuntamente, “para justificar el uso de recursos para campañas, tanto materiales como de servidores públicos”.
Otra irregularidad encontrada en la Sedesi, reveló, es que Liconsa le hizo llegar a la secretaría tres demandas para el pago de cerca de tres millones de pesos del convenio por la entrega de leche, que supuestamente el exgobernador repartió a la gente de escasos recursos entre los años electorales 2015 y 2016, cuando se eligieron a los diputados federales y luego a gobernador, presidentes municipales y diputados estatales.
Dependencia federal, que, cabe recordar, está al frente Mario Castro Basto, expresidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Benito Juárez y exdiputado estatal. Aunque también excandidato a legislador por el Distrito XV de Lázaro Cárdenas, que declinó semanas antes de concluir las campañas a favor de la experredista y expanista Marybel Villegas Canché. Hoy delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo, que remplazó a Fabián Vallado Fernández, exsecretario particular que cargó el portafolio de Roberto Borge.
Alimento por basura
En cuanto al programa de Roberto Borge, “Reciclando Basura por Alimento” en Cancún, aunque fue itinerante, Julián Ricalde dio a conocer que sí hay rastro de lo que se hizo pues tuvieron acceso a información de que los desechos fueron documentados de entrada, entre tres a cuatro toneladas regularmente, al Relleno Sanitario del Municipio Benito Juárez, durante la administración de Paul Michel Carrillo de Cáceres.
Por lo que el programa no cometió su propósito, que era la reutilización del plástico, cartón, vidrio o electrónicos, opinó.
Además de que, precisó, al entrar al relleno generó un costo adicional, pues al Ayuntamiento se cobra por kilo de basura. “Era un programa invasivo, mediático y lo más importante, para efectos de lo que se busca en desarrollo social, no implicaba abatir ninguna necesidad, no mejoró ninguna de las carencias como era la alimentación. No era un programa sostenido, lógico, metódico ni de seguimiento e inclusión social como es el de Prospera u otros. Eran ferias”.
De existir un posible delito, razonó, podría ser el de la responsabilidad hacia los funcionarios y ejercerles juicios o sanciones de tipo administrativas, para resarcir los gastos o costos que generó el confinamiento de la basura.
Espera se castigue a los responsables
Dejó en claro que como secretario estatal no le corresponde hacer señalamientos, acusaciones o sancionar a los presuntos responsables, pues ya entregó las observaciones, para que sea la Secretaría de la Función Pública del Estado, que encabeza Fernando del Pozo, el que establezca las sanciones administrativas o de carácter penal contra los responsables.
Otra irregularidad detectada, añadió, fue la compra de botes de pintura de color rojo y verde, que identifican a Partido Revolucionario Institucional; empleada para los parques públicos, como parte de la confrontación abierta de Borge Angulo con los municipios que gobernaban perredistas y panistas.
Julián Ricalde mencionó que su función es la de crear proyectos que atiendan los problemas de marginación de indígenas y habitantes que están en la pobreza y miseria. “La instrucción que me dio el gobernador Carlos Joaquín, detalló, es que los programas sean auditados por la Coneval, para bajar recursos de otras dependencias federales, a través de paripasos, e incluso con organismos privados.
Recordó que para este año, el presupuesto de la Sedesi será de 29 millones de pesos, contra 78 que se ejercieron en el 2016, tras los dos recortes que hizo la federación.
