Impedido para solicitar nuevos créditos, debido a la mala calificación financiera de su administración, a finales de 2015 el gobierno de Roberto Borge aprovechó la figura de “ente público autónomo” de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para obtener un crédito de 560 millones de pesos.
El destino de estos recursos hasta ahora se desconoce, aunque existen indicios de que fueron desviados para fines distintos al objetivo de origen. De acuerdo con el avance de las investigaciones que la actual administración lleva a cabo en torno a la aplicación de dicho crédito, existen evidencias de que los recursos fueron entregados por el Banco Interacciones, en una sola exhibición, el 14 de diciembre de 2015 a la cuenta de la CAPA y, al día siguiente, esta los transfirió “ilegalmente” a la cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
En esta acción, tuvieron participación directa los entonces titulares de la CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, y de la Sefiplan, Juan Pablo de Guillermo Molina, en contra de quienes se presentarán en los próximos días las denuncias correspondientes por haber incurrido en el supuesto delito de desvío de recursos. Para documentar y justificar la transferencia bancaria, los anteriores titulares de la CAPA y la Sefiplan suscribieron “ilegalmente” el “Convenio de Administración de Recursos”, con el cual justificaron el manejo de los recursos por parte del Gobierno del Estado argumentando que como este había sido el aval del crédito, entonces le correspondía administrarlos. Otro hallazgo en las investigaciones es que en la contabilidad de la CAPA no existen registros documentales de que se haya pagado uno solo de los conceptos para los cuales se autorizó el destino de los recursos, con excepción de las comisiones bancarias, constitución de fondos de reserva y honorarios derivados de la contratación del crédito.
Y es que el destino original del crédito fue para inversión pública productiva, en términos del artículo 3º, fracción XIV, de la Ley de Deuda Pública del Estado que contempla: a) Ejecución de obra pública; b) Adquisición o manufactura de bienes; c) Prestación de servicios públicos; d) Operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública.
Fue el 15 de noviembre de 2015 cuando la pasada XIV Legislatura aprobó el decreto 326, mediante el cual autorizó a la CAPA a contratar, con el aval del Gobierno del Estado, un crédito hasta por 560 millones de pesos. Con base en el artículo décimo del decreto, la CAPA estaba obligada a: a) Registrar contablemente los ingresos del crédito; b) Informar a la Sefiplan mensualmente de las disposiciones que vaya ejerciendo del crédito; c) Informar mensualmente a la Sefiplan de los pagos que realice a cuenta del crédito. De las anteriores obligaciones, se desprende que la única facultada para contratar, ejercer y disponer el crédito autorizado era la CAPA. A pesar de estas evidencias, el actual auditor Superior del Estado, Javier Zetina González, exoneró de toda responsabilidad a Guerrero Ortiz y a Guillermo Molina luego de fiscalizar la Cuenta Pública de la CAPA y entregar su informe, sin ninguna observación, a la anterior XIV Legislatura local.
Todo este embrollo administrativo tiene relación con el “paquete de impunidad” impulsado por Roberto Borge antes de concluir su mandato con el claro objetivo de garantizarse, para él y para sus colaboradores, un blindaje judicial a futuro. Pero tras la derrota del PRI por la Gubernatura y ante evidencias de corrupción de su mandato, en los meses de julio y agosto de 2016 Borge apresuró toda una serie de leyes, decretos, nombramientos de jueces y fiscales inamovibles que estuvieran a su servicio una vez fuera de su cargo. Dentro de este “paquete de impunidad” el Congreso local designó el 25 de julio de 2016 a Javier Zetina González, incondicional de Borge, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en un acto solemne cuya sesión tuvo que ser trasladada a un hotel de la Riviera Maya, ante la inconformidad ciudadana que impidió hacerlo en el recinto oficial.
Insólitamente, a un mes de haber asumido el cargo, el nuevo auditor ya había fiscalizado varias cuentas públicas, entre ellas la de la CAPA, que el 23 de agosto de 2016 la Legislatura, de mayoría priista, aprobó al vapor para que no cayeran en manos de los diputados de la entrante XV Legislatura. Según el informe que Zetina González rindió ante la pasada Legislatura, la auditoría practicada a la CAPA tuvo por objeto “verificar la razonabilidad financiera en conjunto y además verificar si los recursos provenientes de financiamientos se aplicaron de acuerdo a las leyes”.
En el capítulo 4º del informe de resultado, el Auditor afirmó que la revisión se hizo con “rigor técnico e independencia de criterio”, por lo que se suponía que la auditoría consistió en la revisión, entre otros puntos, sobre la comprobación y justificación con documentos originales del ingreso y gasto presupuestal de la CAPA.
Asimismo, de manera clara y precisa, indicó que “en la auditoría se incluyó la revisión documental que incluyó en su muestra el 100 por ciento de los recursos que la CAPA recibió por el crédito autorizado en el Decreto 326. Además, el Auditor omitió especificar en su informe ante el Legislativo que en el ejercicio fiscal 2015 la CAPA tuvo ingresos adicionales por 560 millones de pesos, derivados del crédito con Interacciones, así como tampoco especificó que existió una transferencia a la Sefiplan, y aun así el auditor aseguró que hizo una revisión documental de estos recursos.
Finalmente, en el apartado 8 “Dictamen”, concluyó que “los estados financieros de la CAPA presentan de forma razonable su situación financiera, esto de acuerdo a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental aplicados durante el periodo revisado” (Con información de Luces del Siglo)
