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MoreCiudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– Un joven detenido con pasaportes falsos y con fotografías del Gobernador prófugo, Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías Tubilla, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas.
De acuerdo con la prensa local, la tarde de este jueves elementos de la Policía Federal División Aeropuertos observaron a una persona que se mostraba nerviosa, por lo que procedieron a registrarlo.
Cuando se le solicitó una identificación, el sujeto mostró una credencial para votar a nombre de Mario Medina Garzón y al momento de la revisión le fueron hallados los documentos apócrifos a nombre de Gabriela Ponce Arriaga y Alex Huerta del Valle. Además se le encontraron 7 mil dólares.
Según las mismas fuentes, la persona detenida dijo que los pasaportes apócrifos iban a ser entregados a Duarte y a su esposa.
En las imágenes recogidas por medios locales se ve al mandatario con licencia con un bigote y traje. Mientras que la foto de Macías Tubilla se le ve con el cabello corto.
Antonio Macías Yazegey, padre de Karime Macías Tubilla, suegro de Javier Duarte de Ochoa, y quien ha estado en el ojo del huracán los últimos días por las investigaciones en contra de su yerno, anunció ayer que se mudaba a a Chiapas.
Hace unos días, el sacerdote católico y activista Alejando Solalinde aseguró que el prófugo Gobernador estaba escondido “en el rancho de su suegro”, ubicado cerca de la comunidad de Villa Flores, Chiapas.
A través de la red Twitter escribió el mensaje: “¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas”, acompañado de una foto de la geolocalización en un mapa de una zona que corresponde a un rancho llamado San Francisco.
El sacerdote aseguró que esta información la recibió de una persona que, al igual que en muchos otros casos, le confió los datos “por estar defendiendo derechos”.
“Si es una fuente muy segura me cercioro y [en el caso de Duarte] puedo decir que sí; es una información que me dieron a mí”, añadió.
Horas después, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que acudió al lugar de la denuncia y no encontró al veracruzano.
EL SUEGRO DE DUARTE SE MUDA A CHIAPAS
Antonio “Tony” Macías Yazegey, el empresario radicado en Coatzacoalcos, fue sorprendido la mañana de ayer por la prensa porteña cuando realizaba el traspaso de sus pertenencias desde su casa en la colonia La Petrolera hasta una camioneta de mudanzas.
“Me voy a Chiapas con mi familia y mis nietos; es para estar más tranquilo”, dijo, risueño.
Desde hace un mes en que su yerno fue reportado oficialmente como prófugo de la ley, a la casa de “Tony” Macías en Tamaulipas y Puebla arribaron media docena de agentes federales vestidos de civil que vigilan a diario sus actividades.
Días antes, ya había solicitado un amparo ante jueces federes porque la PGR intentó restringirle el tránsito a él y a su esposa, y le fue concedido.
Además, solicitó un amparo por una posible orden de captura.
A diario, explicó, los oficiales de la PGR vigilan sus movimientos: anotan quién entra, quién sale y a dónde se dirigen las personas de su familia y sus amigos que le visitan.
El día de ayer, miércoles, un actuario del tribunal federal, donde pidió el amparo, se dio cita en la casa de Tony Macías, a petición suya, para constatar que hay “acoso”.
En respuesta, el gobierno le mandó más federales y hasta una patrulla de la Gendarmería nacional.
A diferencia de otras ocasiones, Tony Macías habló con los reporteros que también acampan afuera de su domicilio constantemente.
“¿Usted sabe dónde está su yerno?” le cuestionó una periodista.
A las carcajadas, seductor, playboy:
“¡Ay mi amor, hija de mi alma, no, no lo sé!”.
“Nosotros lo que queremos es paz, por mis nietos. Imagínate que tú tuvieras a tus nietos así, dime ¿qué harías?” insistió y reiteró: “Hay hostigamiento” de parte del personal de la PGR, pero “entiendo que es parte de su trabajo”.
Después una petición a los reporteros:
“Publiquen mi mensaje, pero lo sacan: pues digan, cabrones, con todo respeto, llevo 44 años partiéndome la madre aquí, ayúdenme en eso, no todo es mal y mal y mal. Hemos ganado asuntos a PEMEX”.
Acotó: “También échenme la manita, no puro malo”.
A su parecer, la situación por la cual atraviesa en Veracruz “es ilógico, como voy a tener así a mis nietos”. “Dennos paz, denos chance”.
¿Se muda?
“No es rumor, me estoy mudando, me voy a mi tierra, yo soy de Chiapas, pero estaré viniendo por los negocios y empresas. Es por toda esta situación, y también por respeto al nuevo Gobernador, que no piense que estoy aquí haciéndole…”
El ex Gobernador Padrés ya se entregó, ¿le pediría lo mismo a su yerno?
“No sé, no me interesa, no sé nada de Padres, no estoy en política ni me interesa opinar”.
“Pienso que no es solamente Tony Macías, en cuanto vi la situación, yo digo que no tuve nada que ver. Ni en nada político. Sólo tomo la debida situación de respeto. Todos los amparos se me han concedido.
“¿Piensan que Tony Macías se enriqueció?, no es que ahora sea rico, para nada, yo me saqué la lotería el 31 de diciembre del 2009”, recordó.
CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Ivanova Pool, Secretaria de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades migratorias, a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emita una alerta migratoria y se impida que Roberto Borge sea otro gobernador más prófugo de la justicia, así como exfuncionarios que junto con él, están involucrados en las investigaciones por el probable desvío de recursos públicos en Quintana Roo, al mismo tiempo pidió a la Auditoría Superior de la Federación, audite el sexenio del ex gobernador, por el probable desvío de recursos en la entidad.
En conferencia de prensa, la legisladora perredista Ivanova Pool, enunció cada irregularidad y malos manejos del ex gobernador Roberto Borge, que en su momento dieron a conocer periodistas y funcionarios.
Dijo que cuando Borge llego al Gobierno de Quintana Roo, recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos, la cual elevó 123%, al entregarla en 22 mil 442 millones de pesos. Recordó que el pasado 29 de septiembre la legislatura local dio a conocer que Roberto Borge hacía gastos millonarios en trasporte aéreo particular, por medio de VIP SAESA, al rentar tres aeronaves para su administración con un monto superior a los 48 millones 581 mil dólares.
“A través de una investigación hecha por Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se documentaron casos que prueban cómo Borge despojó terrenos y hoteles en Tulum, embargó condominios en Cancún y se apoderó de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos”, comentó.
Ivanova Pool también informó que la Fiscalía General de Quintana Roo, en base a la denuncia FGE/QR/SOL/09/3943/2016 presentada por el gobernador Carlos Joaquín, comenzó la semana pasada el trámite de notificación al Sistema de Administración Tributaria y a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR para investigar a la compañía Barcos Caribe señalada como una de las firmas creadas por Borge a través de prestanombres, donde figuran como socios César Celso Hermosillo Melgarejo y Franco González Padrón, padre de Juan Carlos González Hernández, exsecretario de Turismo del ex Gobernador de Quintana Roo.
Además añadió que el pasado 8 de octubre del presente año, en un encuentro con delegaciones de maestros en la entidad, le informaron del posible desvío de 600 millones de pesos de Borge Angulo contra del magisterio, así como de otros 200 millones de pesos, con los que se afectó a servidores públicos, debido a que no les fueron cubiertas sus quincenas y prestaciones.
Recientemente la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, señaló como responsables de la venta irregular de terrenos del Estado de Quintana Roo a la entonces Directora General del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva y al propio Borge, con precios de venta muy por debajo del valor real, casi del 1%.
Las ventas en muchos casos se realizaron a gente cercana, familiares y amigos de Roberto Borge, y tratándose de aproximadamente a 9,500 hectáreas, equivalente a a más de seis veces la zona hotelera de Cancún.
Ante estos hechos, la legisladora perredista, explicó que presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que se dé cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Republica y el Instituto Nacional de Migración, emita desde este momento la alerta migratoria para evitar que evada la justicia Roberto Borge Angulo, así como los exfuncionarios de primer nivel que junto con él, están involucrados en las investigaciones para deslindar responsabilidades de orden penal por el desvío de recursos públicos. Así como también exhortó a a la Auditoria Superior de la Federación, para que se auditen las cuentas públicas correspondientes a la gestión del Gobierno de Quintana Roo, 2011-2016, con el objeto de que se compruebe en su totalidad, el uso adecuado de recursos públicos, así como los gastos realizados por el exgobernador y los servidores públicos de primer nivel que formaban parte de su administración, a fin de contar con la información que se pueda ejercer la acción legal correspondiente.
“El Gobierno Federal tiene la obligación de coadyuvar en la instrumentación de mecanismos y recursos jurídicos armónicos, en materia de trasparencia y rendición de cuentas. Los quintanarroenses tienen derecho a saber dónde quedaron los recursos públicos destinados”, concluyo. (Fuente: Congreso)
Reporteros, personal de talleres y administrativos se mantienen en alerta a raíz de la venta o cierre del periódico borgista, Respuesta, cuyos propietarios aparentemente los quieren dejar sin sus pagos y liquidaciones conforme a la ley. El pasquín que recibía dos millones de pesos mensuales del gobierno de Roberto Borge, además de Mauricio Gongora y Fredy Marrufo, usado para golpear a periodistas, políticos opositores o miembros de la sociedad civil que acusaron las corrupciones de Borge quebró a raíz de la derrota del PRI. El gobierno de Carlos Joaquín pintó su raya con las putas de Borge, por qué cayeron en la desgracia económica no sólo pasquines y radios sino hasta páginas de internet y reporteros de todo el Estado, como en Chetumal y Cancún donde sin hacer periodismo solo se dedican denostar al gobierno que lleva 54 días pero muy callados los pasados 11 años. Esta advertencia circula en los grupos de Whatsapp para alertar a los empleados del pasquín Respusta : “Queridísimos trabajadores del periodico respuesta, se les avisa que su patron heriberto millar entre hoy y mañana vendera el periodico, dejandolos sin sus pagos de quincenas y mucho menos liquidarlos, recuerden que hace unos dias llegaron unas personas que para ustedes son extrañas, hubo hasta inventario de los inmuebles del periodico, andaban corriendo como locos, sino me creen los invito a ir a sus instalaciones y preguntar a sus jefes directos que esta pasando, trataran de decirles que todo esta bien pero es mentira, no les van a pagar ni un peso de liquidacion, porque llevando acabo la venta, su patron se va a miami para no volver. Corran la voz”.
Por: Revolución Tres Punto Cero
Después de presentada una denuncia ante la PGR y la Fiscalía del Estado, donde se exige se investigue una supuesta “red de intereses que tejió el ex mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, entre julio de 2013 y abril de 2014”, empresarios del sector naviero y propietarios de gasolineras en la entidad, han sido descubiertos como beneficiarios de la desincorporación irregular de terrenos.
Un ejemplo que se señala es el de César Celso González Hermosillo y Melgarejo, accionista de la compañía naviera Barcos Caribe, quien adquirió dos terrenos en Cozumel y se le reconocieron derechos de uno más en Isla Mujeres.
Además obtuvo la cesión de derechos de un predio de 111 mil 763 metros cuadrados en diciembre de 2013, “luego de haber sido adquirido por Rosa Yolanda Angulo, madre del ex Gobernador Borge”, se da a conocer.
A dicho empresario se suma Edgar Manuel Méndez Montoya, dedicado al sector siderúrgico, quien compró por lo menos siete extensiones de terreno en los municipios de Bacalar, Playa del Carmen y Tulum.
Realizó una adquisición el 17 de julio de 2013 del predio Santa Cruz, en Bacalar, el cual consta de 395 hectáreas por las cuales pagó 5.9 millones de pesos. En tanto, Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de la compañía Corpogas y socio en expendios de gasolina en Cancún, se benefició por medio de las compañías Inmobiliaria Cigarra, Desarrollo de Xcacel, Caveri Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria Maguves, obteniendo ocho terrenos principalmente en Cancún y Tulum.
La denuncia fue presentada ante la PGR y la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, poniendo como responsables al ex Mandatario Roberto Borge y la ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, Claudia Romanillos Villanueva.
“En nuestra opinión, nos encontramos ante la presencia de diversas conductas cometidas con unidad de propósito delictivo, dirigidas a lesionar la esfera jurídica patrimonial y de servicio público del Gobierno de Quintana Roo.
Lo anterior con la intención de obtener un beneficio económico para sí o para terceros, a través de la realización de la venta de terrenos propiedad del Estado”, indica la denuncia, a la que Reforma tuvo acceso.
El medio también señala que “Roberto Borge vendió 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial del Estado a amigos y familiares, por lo que fue denunciado ante la PGR y la Fiscalía del Estado. La superficie desincorporada irregularmente equivale a 24 veces la superficie de Isla Mujeres y más de 6 veces la zona hotelera de Cancún”.
Por: Noticaribe
Jorge Aguilar Osorio, dirigente del PRD en Quintana Roo, aseveró que el ex gobernador priista, Roberto Borge Angulo, debe pisar la cárcel, ya que existe responsabilidad penal en su contra, como la venta ilegal de 9 mil 500 hectáreas del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) a familiares y amigos cercanos.
Enfatizó que las investigaciones no sólo tienen que enfocarse en el ex mandatario estatal, sino también en sus ex funcionarios como Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
“Para como estamos viendo la situación, ni dudarlo –que pisará la cárcel-, las autoridades determinarán si hay elementos. Yo creo que no sólo deben fincarse responsabilidades contra el ex gobernador, sino también contra muchos de sus colaboradores como el ex titular de Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina”, precisó.
Señaló que quedan muchas investigaciones abiertas contra Roberto Borge, como los procedimientos administrativos que no se llevaron a cabo, las facturas pagadas sin contrato o licitación, las obras inconclusas, el tráfico de influencias, los despojos de tierras y el asunto de las juntas de conciliación y arbitraje.
Jorge Aguilar respaldó el anuncio que hizo la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres, de que interpondrá denuncias administrativas y penales contra el ex edil priista, Mauricio Góngora Escalante, y aseguró que hay que ir por todos los cómplices y prestanombres de Roberto Borge.
“Hay que ir por todos, por los cómplices, por los prestanombres, por los que planearon y configuraron los delitos, eso es lo que va a terminar de legitimizar a este gobierno, es lo que necesita la gente, que se finquen responsabilidades, no es un tema de venganza sino de justicia”, apuntó.
Subrayó que si el ministerio público encuentra los elementos para procesar penalmente a Roberto Borge, deberán tomarse las medidas cautelares correspondientes para evitar que se fugue como lo hizo el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
“Yo creo que hay que tomar esas previsiones”, concluyó. (Noticaribe)
El secretario de gobierno, Francisco López Mena destituyó hoy al subsecretario de Enlace Interinstitucional, Adrián Chicato Alonso presumiblemente por recelos políticos y rebasado en su desempeño político y laboral. López Mena confirmó que Chicato ya no es parte de los 6 subsecretarios nombrados por el gobernador Carlos Joaquín, con lo que él mandatario se queda sin una de sus piezas a 54 días del arranque de su gobierno. El gobernador Carlos Joaquín al ser consultado por este reportero dijo que Adrian Chicato seguía de subsecretario y se sorprendió con la pregunta. ¿Chicato ha sido destituido? No que yo sepa. Es un asunto de Secretaría. Yo estoy en otras responsabilidades, dijo el gobernador. Sin embargo López Mena dijo hace unos minutos que Chicato está fuera de la Subsecretaría. ¿Ya no es subsecretario de gobierno ? Así es Pedro, ya no lo es. Acudimos a la oficina de Adrian Chicato y se encuentra vacía. Se llevó su equipo de cómputo y documentos, solo dejó un escritorio viejo. Es el primer funcionario de alto nivel destituido por Francisco López Mena.
El Congreso de QRoo aprobó como nuevos magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a los licenciados Dulce María Balam Tuz, Luis Gabino Medina Burgos y la licenciada Veronica Gloria Acacio Trujillo. La diputada Mayuli Martínez dijo que “se restaura de manera paulatina la credibilidad en el Tribunal hoy tan cuestionada por la opinión pública. Esperemos que su desempeño sea justo con las partes”. En la Sesión número 28 del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Año Constitucional la votación fue únanme a favor de los tres juristas quienes ayer junto con los otros seis presentaron sus ponencias ante el Congreso. Los tres magistrados fueron electos para un periodo de 6 años y concluirán en Noviembre de 2022 , paralelo al periodo del gobernador Carlos Joaquín González. Trascendió que Fidel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia ( TSJ) anda con temor con estos magistrados ahora que pasa de 9 a 12 y que vendrán a equilibrar ese poder tan prostituido con los ex gobernadores Felix González Canto y Roberto Borge Angulo. Así estuvieron confirmados las ternas: La primera terna está conformada por:
la licenciada Dulce María Balam Tuz,
el licenciado Roberto Ariel Chan Balam, y
la licenciada María del Pilar Gio Escalante.
La segunda terna, la integran:
la licenciada Ana Bell Pérez Avendaño,
el licenciado Luis Gabino Medina Burgos, y
la licenciada Lucía del Pilar Aldana Lizama.
La tercera terna la conforman:
la maestra en Derecho Josefina Concepción Ríos Río,
el licenciado Cuauhtémoc Bustamante Salgado, y
la licenciada Verónica Gloria Acacio Trujillo.
La tropa policiaca hizo renunciar a Didier Vázquez como director de policía de Chetumal en la administración de Eduardo Abuxaqui. Hoy reciclado viene a Felipe Carrillo Puerto. Los policías de Chetumal se quejaban de carencias graves en la corporación, como falta de equipo y hasta de gasolina para realizar patrullajes, además de que denunciaron a sus mandos superiores por presuntas irregularidades y abusos laborales contra la tropa. Por Pedro Canche. Al igual que en Cozumel, renunció ayer el director de Seguridad Pública de Felipe Carrillo Puerto Francisco Poot Martínez ante la presión de grupos políticos antagónicos a la presidente municipal Paoly Perera.En su lugar fue nombrado en sesión de Cabildo nocturno al polémico Didier Felipe Vázquez Mendez. El policía importado de Chetumal tiene 44 años, licenciado en Derecho, ha sido asesor técnico en materia penal de la dirección de Seguridad Pública Estatal, visitador adjunto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, jefe del departamento de verificación y vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, director general de Consignación y Trámite de la Procuraduría General de Justicia del Estado, catedrático de la Universidad de Quintana Roo, director general de asuntos jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, director de la Policía Judicial en la zona Sur del estado, director general de la Policía Judicial del estado, director de Seguridad Pública y Tránsito en Bacalar y director de Seguridad Pública, Tránsito, Bomberos y Policía Turística del municipio de Tulum.
Esta nota se dio a raíz de su renuncia luego de protestas de la tropa. CHETUMAL, MX.- Tres días después de que se ventilaron denuncias de irregularidades y se realizó un paro de labores de policías municipales, Diddier Vázquez Méndez, director de Seguridad Pública de Othón P. Blanco, presentó este lunes su renuncia al mando.
Junto con él se va también Víctor Torres, director general de la Policía Municipal Preventiva, los dos principales funcionarios señalados por los policías municipales.
Previamente, el pasado viernes 1 de julio, tras la protesta de los policías, se anunciaron las primeras renuncias: la del director administrativo de la PMP, Roberto Chávez Castañeda y la del subdirector administrativo, Mariano Espinosa Ruiz.
Sin embargo, estos despidos no calmaron a los policías que insistían en pedir cambios de fondo en la corporación, a pesar de que sólo faltan menos de 90 días de gobierno.
Así las cosas, esta tarde, el ex jefe policiaco confirmó también su renuncia a través de su cuenta de Facebook, luego de que a las tres de la tarde presentó por escrito su decisión ante el Ayuntamiento que preside Eduardo Espinosa Abuxapqui.
Aunque apenas la semana pasada Diddier Vázquez había descartado la posibilidad de renunciar, hoy dijo que “congruente con mi forma de pensar y mis valores que han regido en mi vida profesional, ésta tarde presenté mi renuncia al cargo de Director General de la Policía Municipal y Tránsito del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, por no existir las condiciones mínimas para poder seguir sirviendo a la sociedad de éste municipio, a quienes nos debemos, los que trabajamos en materia de seguridad pública”.
Además, aseguró que “en todo momento invité a la población que en caso que se tuviera una acusación en contra de un elemento, además de iniciar un procedimiento administrativo, denunciara ante las autoridades penales, misma invitación que realizo a quienes señalan malos manejos durante mi administración, pues si tienen evidencias deben denunciar”.
Los policías se quejaban de carencias graves en la corporación, como falta de equipo y hasta de gasolina para realizar patrullajes, además de que denunciaron a sus mandos superiores por presuntas irregularidades y abusos laborales contra la tropa. (Noticaribe)
CHETUMAL, MX.- La Comisión de Justicia, así como la Gran Comisión de la XIV Legislatura local, resultaron cómplices de Roberto Borge Angulo, ex mandatario estatal, en la venta fraudulenta de valiosas extensiones de terrenos propiedad del Gobierno de Quintana Roo, puesto que omitieron dar curso a la solicitud de juicio político interpuesta por la asociación civil Somos tus Ojos en agosto de este mismo año.
La organización no gubernamental documentó una serie de operaciones inmobiliarias realizadas entre el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) y personas morales y físicas que se vieron beneficiadas con predios de diferentes extensiones, entregados a cambio del pago de cifras realmente ridículas.
En el anexo de la demanda de juicio político presentada el martes 16 de agosto de 2016, Somos tus Ojos documenta con nombres, extensión y ubicación territorial, valor comercial y fechas cada una de las operaciones de compra-venta realizadas sobre 45 predios claramente subvaluados.
La mayor parte de estos se ubican en Cozumel (19), pero también fueron detectados ocho en Cancún, ocho más en Puerto Morelos, siete en Tulum, dos predios en Isla Mujeres y uno en Playa del Carmen. La ONG estimó el desfalco al erario por un monto superior a los mil 99 millones 492 mil 370 pesos.
La solicitud de juicio político contra Roberto Borge Angulo debió ser sometida al arbitrio de la Comisión de Justicia, en ese entonces conformada por los diputados priístas Natalia Natividad Cruz Lara, Edgar Humberto Gasca Arceo y Javier Briceño Ramos, además del panista Sergio Bolio Rosado y Ariel Germán Cab Robertos, de Nueva Alianza.
Conforme al Artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, referente al Juicio Político, “hecha una denuncia, se turnará la misma a la Comisión de Justicia, la cual se abocará al examen previo de la denuncia para el efecto de determinar si satisface los requisitos de procedibilidad exigidos por la Ley de la materia”.
En el caso de la denuncia presentada por Somos tus Ojos, los legisladores responsables de revisar el documento y determinar si procedía o no, simplemente la ignoraron.
Parte de esta complicidad recaería en hombros del presidente de la Gran Comisión, Pedro Flota Alcocer, quien, como coordinador de la XIV Legislatura, tendría que haber sido notificado sobre el asunto.
Sin embargo, la denuncia misma no trascendió el Palacio Legislativo en ese entonces y los informes solicitados a Claudia Romanillos Villanueva, extitular del IPAE, sobre todas las enajenaciones realizadas, no llegó al Congreso del Estado, según precisión del diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.
Sin embargo, antes de que Romanillos Villanueva se sumara a esta mecánica, otros representantes del IPAE hicieron lo propio, facilitando predios patrimonio del estado para compraventa con clara ventaja comercial a quien los adquiría, esto, documentado desde el 2007 por la asociación civil en el anexo entregado al Congreso del Estado como parte de la denuncia de juicio político.
Así, Adrián Trejo Encinas y Gina Patricia Ortiz Blanco estarían igualmente involucrados en este asunto, que ya fue denunciado penalmente. (Fuente: SIPSE)
El presidente de la Comisión de Justicia de la Decimoquinta Legislatura, Carlos Mario Villanueva Tenorio, afirmó que se continúa revirtiendo el llamado “paquete de impunidad” impulsado por el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y aprobado por los diputados de la legislatura anterior, en materia de combate a la corrupción y al procedimiento para la designación del Fiscal General del Estado.
Lo anterior, luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera las acciones de inconstitucionalidad 57/2016 y 64/2016 presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de diversas disposiciones emitidas por la legislatura anterior.
Villanueva Tenorio, recordó que la PGR advirtió que las reformas cuestionadas inciden en el Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente, en lo concerniente a la estructura y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa local; además, no otorganban certidumbre sobre qué legislación debe aplicarse ante un caso de ausencia definitiva.
Respecto a la acción de inconstitucionalidad, la PGR refirió que el artículo 96 de la Constitución de Quintana Roo, al regular el procedimiento para nombrar al Fiscal General del Estado, provocaba incertidumbre jurídica, debido a que no preveía alguna hipótesis para el supuesto de que el Gobernador de la entidad no recibiera el listado de diez candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.
Villanueva Tenorio, explicó que de acuerdo a la sentencia del Pleno de la SCJN, los diputados de la Decimocuarta Legislatura habían aprobado de manera deficiente el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía, pero con las reformas que ya se realizaron por la Decimoquinta Legislatura “el titular de la Fiscalía General del Estado, ahora puede ser removido no solo a petición del Gobernador de la entidad, sino por voluntad directa del Congreso del Estado”, precisó.
La Decimoquinta Legislatura mediante el decreto 007 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de octubre de 2016, expidió las reformas, derogaciones y adiciones a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, respecto a la Ley de Fiscalía General del Estado.
En este decreto se establece: derogar en el texto constitucional todo lo concerniente a la Contraloría Interna de la Fiscalía; además de agregar un artículo tercero transitorio que contempla la facultad del Fiscal General del Estado para para emitir el acuerdo administrativo que cree el Órgano de Control y Evaluación Interna.
Este órgano, operará con las facultades y atribuciones que se establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, en tanto se legisle de conformidad con las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
También se contempla en el decreto 007, el procedimiento de designación y remoción del Fiscal General del Estado, y la designación del Fiscal General del Estado interino, a cargo del Ejecutivo del Estado, para el caso éste no reciba por parte del Congreso del Estado, la lista de candidatos en el plazo de veinte días.
Con todo lo anterior, “se enriquece el procedimiento de designación y remoción del titular de la Fiscalía General del Estado, previéndose aquellos supuestos establecidos en el artículo 102 de la Constitución”, concluyó Villanueva Tenorio