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El Ayuntamiento de Solidaridad encabezado por la Presidenta Municipal, Cristina Torres Gómez, llevó a cabo el segundo evento deportivo de box “Lo imposible sólo tarda un poco más”, realizado en el Centro de Retención Municipal (CRM), a fin de contribuir en la labor de reinserción social de los internos a través del deporte y la convivencia familiar.
Al respecto, la Directora del CRM, Emma Luisa Robles Huizar, agradeció al Voluntariado del DIF de Solidaridad, así como a la Fundación Vacaciones con Causa por el apoyo para que los 50 varones y dos mujeres que integran el taller de boxeo del centro practiquen la disciplina todos los días, al contar con entrenador y equipo deportivo como peras fijas y guantes.
“Estamos muy orgullosos de recibir a más de 600 personas, familiares de los internos entre ellos a los hijos, que en el día de convivencia pueden disfrutar y conocer los avances que tienen el Centro de Retención Municipal con la meta de que al obtener su libertad, los internos se reintegren a la sociedad de una manera productiva”, dijo Robles Huizar.
En el evento se disfrutó de once peleas a cargo de los réferis internacionales Florentino López Cruz y Celestino Castro, y estuvo presente el Presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre de Cancún y Representante de Comisiones de México, Eliseo González González; el Promotor de Box, Otilio Graniel; así como el Subdirector del Instituto del Deporte Municipal, Coty Trujillo Encalada.
Van por el último reducto del “paquete de impunidad” de Borge
– Diputados descubren irregularidades en la designación a modo de Javier Cetina, auditor Superior del Estado de Q Roo
– Promovieron legisladores diez amparos, para que el primo de Félix González no evada la Ley
– Al parecer, hay irregularidades en las cuentas públicas de expresidentes municipales
Por Antonio Ortiz
Cancún. 13 Febrero.- Diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Quintana Roo van en contra del último reducto del llamado “paquete de impunidad”, que promovió el exgobernador Roberto Borge Angulo antes de su salida, para que se le cubriera la espalda y evitar ser investigado o acusado por probables delitos de peculado, desvío de recursos públicos, corrupción, y demás delitos.
En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión, Fernando Zelaya, Gabriela Angulo, José Esquivel, presididos por Emiliano Ramos, revelaron que tras una investigación exhaustiva descubrieron que los exdiputados de la XIV Legislatura violaron varios artículos de la Ley al nombrar al designar como auditor a Javier Zetina González, primo del exgobernador y hoy senador Félix González Canto.
A puerta cerrada, el 25 de julio del año pasado, en un hotel de Puerto Morelos y con la presencia de policías estatales para impedir el paso a la prensa o un intento de impedir se llevara la Sesión, la mayoría de los diputados del PRI, encabezados por Pedro Flota Alcocer, y sus aliados los verde ecologistas nombraron a Zetina González, para que fiscalizara a Borge Angulo.
Innumerables irregularidades
El panista Fernando Zelaya fue quien le tocó enumerar las diferentes irregularidades y violaciones a varios artículos de la Ley cometidas por los exdiputados, al momento de nombrar un fiscal a modo.
Por lo que, dijo, los actuales legisladores buscarán se reponga otra vez la designación provisional de un auditor independiente, en tanto se elige una terna para elegir nuevo fiscal.
Entre las inconsistencias detectadas, precisó, están las relacionadas con los decretos 419 y 420 de la XIV Legislatura del Estado, relacionados con el titular y un titular suplente del órgano fiscal.
Los exdiputados, dijo, no respetaron los plazos establecidos en el artículo 62 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado respecto al procedimiento para la designación del titular y el titular suplente, pues lo hicieron fuera de los tiempos marcados por la ley, es decir, un día después.
Además de que no hay documento que conste si realizaron la entrevista que prevé el artículo 62 de la citada Ley a cada uno de los aspirantes a candidatos, por lo que alteraron el procedimiento de designación.
Asimismo, añadió, la terna de los candidatos a ocupar los cargos no fue aprobada por la XIV Legislatura del Estado, por lo que sus integrantes no se cercioraron del cumplimiento de los requisitos de idoneidad de los tres aspirantes, dentro de los cuales, se encuentran los que hoy ostentan los cargos de titular y titular suplente del órgano.
También se determinó que los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XIV Legislatura no efectuaron una valoración exhaustiva del requisito exigido por la fracción VII del numeral 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización, consistente en que el candidato debe contar al momento de su designación con una experiencia mínima de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
Diez amparos
Eduardo Martínez, presidente de la Gran Comisión del Congreso, acompañado de los diputados Eugenia Solís y Juan Carlos Pereyra, le correspondió ponerle el cascabel al gato, al indicar que para evitar que Javier Zetina evada su responsabilidad y se aproveche de recovecos legales para quedarse en el cargo por seis años, los actuales legisladores promovieron en contra del auditor un total de amparos ante jueces federales.
Detalló que de esos recursos, dos fueron desechados por los jueces al avalar su nombramiento, uno está en revisión y quedan siete por resolver, Pero explicó que los dos fallos se debieron a que los jueces no sabían de todas las irregularidades y violaciones cometidas a la hora de la designación, de ahí que confían en que los amparos pendientes se resolverán en contra de Zetina González.
La puntilla
El perredista Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que en caso de que los jueces desechen los restantes amparos, cuentan con varios planes y recursos legales para que el auditor a modo, y su suplente, les sea revocado el cargo y elegir a otra persona al frente de la Auditoría Superior del Estado, pues Zetina González no cumplía con los requisitos de Ley para ser nombrado en julio del año pasado.
Por otra parte, y bajo la promesa que los legisladores de la XV Legislatura darán a conocer en los próximos días más información, reveló sin dar muchos detalles que los exdiputados, a principios de julio del año pasado, también a puerta cerrada en un hotel de la zona de playas de Cancún, aprobaron fast track las cuentas públicas del 2015 de los presidentes municipales de extracción priista y verde ecologista.
Cuentas públicas 2015, con irregularidades
Señaló que todo indica que los anteriores legisladores no constataron físicamente si los expresidentes municipales realizaron o no las obras públicas y si corresponde o no a lo invertido en las mismas.
De ser cierto, Ramos Hernández mencionó que se determinará si se procede o no penalmente en contra de los exdiputados al aprobar cuentas públicas con irregularidades, pues su obligación es la revisar los gastos que se hacen con los recursos públicos de la ciudadanía.
FALTO DE TRANSPARENCIA Y PRODUCTIVIDAD, REPRUEBAN AL CONGRESO LOCAL
Por Edgar Olavarria.- Cancún, Q. Roo 13 Febrero de 2017.- El primer periodo de sesiones de la XV Legislatura, que abarcó 36 audiencias ordinarias, fue calificado como oneroso, opaco e infructuoso, que le valió 5.5 de calificación, prácticamente reprobado ante el dispendio que representan 25 diputados, falta de transparencia en los rubros económico y de trabajo, además del origen externo en 24 decretos aprobados.
Lo anterior, fue derivado del análisis que llevó a cabo el Observatorio Legislativo de Quintana Roo Asociación Civil, 41 iniciativas presentadas entre el 5 de septiembre y 15 de diciembre de 2016, que resultó en 33 acuerdos y 39 decretos que emitió el Congreso Local.
De acuerdo a Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de la A.C., cada diputado representa un gasto de 17 millones 435 mil pesos anuales para los quintanarroenses, aunados 435 millones 872 mil pesos autorizados para el ejercicio fiscal 2017; sin embargo, durante el primer periodo legislativo hubo un ausentismo de 13.87 % y no debió proceder el pago de 641 mil 784 pesos a favor de legisladores faltista, entre los que destacó Alberto Vado Flores con 7 inasistencias.
El también presidente de la Asociación de Plazas Comerciales refirió que “de los 39 decretos emitidos 15 corresponden al Poder Ejecutivo y 9 son de índole municipal, todos ellos aprobados sin ninguna observación, también fue concretado uno por mandato judicial sobre abastecimiento de agua”, es decir, el 75% de la productividad legislativa tuvo un origen externo.
Este 15 de febrero, la XV Legislatura iniciará con el segundo periodo de sesiones motivo por el cual el Observatorio Legislativo de Quintana Roo exhorta al Congreso Local incluir en la agenda temas relacionados con derecho a la información; participación ciudadana y rendición de cuentas e información parlamentaria, presupuestal y administrativa, así como sobre legisladores y servidores públicos.
Además de atender el conflicto de interés, retomar la desaparición de la Gran Comisión, difundir datos abiertos y no propietarios e información histórica de la actividad legislativas, así como concluir con la declaración patrimonial, de intereses y fiscal por parte de 23 diputados omisos y propiciar el parlamento abierto.
El más caro y el más opaco, Congreso de Q Roo
Por Antonio Ortiz
Cancún. 13 Febrero.- El Congreso de Quintana Roo es uno de los más caros del país, al manejar un presupuesto anual de 450 millones de pesos, contra 350 millones de pesos del 2016.
Además de ser uno de los más opacos, al estar pendientes temas sobre transparencia y rendición de cuentas.
Así lo aseguró Eduardo Galaviz Ibarra, integrante del Observatorio Legislativo, conformado por 20 instituciones del sector privado y de social, al dar a conocer un reporte de los trabajos realizados en el primer período de sesiones ordinarias en el Congreso del Estado de Quintana Roo.
Sostuvo que el trabajo de la mayoría de los diputados de Quintana Roo ha dejado mucho que desear hasta el momento.
Resaltó que en la página de internet no se ha actualizado la información personal de los diputados para saber su formación profesional y experiencia. Al igual que no se ha dado información sobre la agenda de las comisiones, ni sobre las iniciativas que están pendientes de dictaminarse. Ni está actualizada la información actualizada sobre la contabilidad del Congreso, su distribución del gasto, sus compras, sueldos y número de empleados.
En el Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, aseguró que los diputados no han cumplido aún sus promesas de campaña, como la eliminación de la Gran Comisión.
En su extenso reporte, de ocho hojas, señaló que no hay suficiente información clara en la página de internet de la XV Legislatura, como es el trabajo en las 25 comisiones, el manejo presupuestal, las asistencia o inasistencias a las sesiones y reuniones de trabajo, entre otros temas más.
En el tema de inasistencias, dio a conocer que el diputado priistas Roberto Vado Morales es el más faltista a las sesiones, con siete; seguido por los verde ecologistas Ana Patricia Peralta y José de la Peña Ruiz de Chávez, con seis faltas.
En contra parte, el panista Fernando Zelaya y Jesús Alberto Zetina no han dejado de asistir a las sesiones.
Ahora que inicia el segundo período de sesiones ordinarias este miércoles 15 de Febrero, Eduardo Galaviz, a nombre de la agrupación Observatorio Legislativo, pidió a los diputados de Quintana Roo cumplir con lo prometido ante la sociedad cuando el año pasado le pidieron su voto; el que reduzcan el presupuesto al no haber necesidad de gastar tanto, como son los bonos para la compra de gasolinas; y transparentar sus actividades ante la ciudadanía.
SE IMPONE AUDITOR FISCAL A LA REMOCIÓN JOAQUINISTA
Por Edgar Olavaria.- Cancún, Q. Roo 13 de Febrero de 2017.- Nada claro con la remoción del titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo, pese a la existencia de 10 amparos indirectos contra el procedimiento de designación de Javier Zetina González, primo del ex gobernador Félix González Canto, que formó parte del “blindaje” hacia la administración que encabezó Roberto Borge Angulo.
Hasta el momento, cuatro de diez amparos han resuelto avalar la designación de Zetina González, en uno se acudió a un Juzgado Federal para presentar un recurso de revisión; en tanto, seis aún son objeto de estudio en juzgados de distrito I, IV, V, VI y VII., que permite que el Auditor Superior de Quintana Roo se perfile como virtual vencedor respecto a la permanencia del cargo.
Este mediodía, en conferencia de prensa el diputado local Fernando Zelaya reconoció que las resoluciones no han sido del todo favorables, sin embargo esperan que mediante el informe presentado que no sólo detalla una serie de irregularidades contra el nombramiento sino también contra la temporalidad del encargo, que en un determinado momento pueda resolver en sentido contrario.
En ese sentido, Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura señaló que “este informe contiene elementos que, después de una revisión de los jueces, podría llevar a reponer el procedimiento para la designación del Auditor Superior y a través de la información recabada por el Congreso Local los seis amparos pendientes pueden favorecernos”.
Será el próximo jueves que den a conocer parte de la estrategia legal, en función que no desean brindar elementos que un determinado momento puedan desechar amparos y beneficiar jurídicamente a Zetina González.
Entre las inconsistencias destacan las relacionadas con los decretos 419 y 420 concernientes a la designación del auditor, se violó el artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior de Quintana Roo, se violentaron los plazos establecidos en el artículo 62 de la citada ley, no se realizó entrevista a la terna de candidatos.
Impedido para solicitar nuevos créditos, debido a la mala calificación financiera de su administración, a finales de 2015 el gobierno de Roberto Borge aprovechó la figura de “ente público autónomo” de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para obtener un crédito de 560 millones de pesos.
El destino de estos recursos hasta ahora se desconoce, aunque existen indicios de que fueron desviados para fines distintos al objetivo de origen. De acuerdo con el avance de las investigaciones que la actual administración lleva a cabo en torno a la aplicación de dicho crédito, existen evidencias de que los recursos fueron entregados por el Banco Interacciones, en una sola exhibición, el 14 de diciembre de 2015 a la cuenta de la CAPA y, al día siguiente, esta los transfirió “ilegalmente” a la cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
En esta acción, tuvieron participación directa los entonces titulares de la CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, y de la Sefiplan, Juan Pablo de Guillermo Molina, en contra de quienes se presentarán en los próximos días las denuncias correspondientes por haber incurrido en el supuesto delito de desvío de recursos. Para documentar y justificar la transferencia bancaria, los anteriores titulares de la CAPA y la Sefiplan suscribieron “ilegalmente” el “Convenio de Administración de Recursos”, con el cual justificaron el manejo de los recursos por parte del Gobierno del Estado argumentando que como este había sido el aval del crédito, entonces le correspondía administrarlos. Otro hallazgo en las investigaciones es que en la contabilidad de la CAPA no existen registros documentales de que se haya pagado uno solo de los conceptos para los cuales se autorizó el destino de los recursos, con excepción de las comisiones bancarias, constitución de fondos de reserva y honorarios derivados de la contratación del crédito.
Y es que el destino original del crédito fue para inversión pública productiva, en términos del artículo 3º, fracción XIV, de la Ley de Deuda Pública del Estado que contempla: a) Ejecución de obra pública; b) Adquisición o manufactura de bienes; c) Prestación de servicios públicos; d) Operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública.
Fue el 15 de noviembre de 2015 cuando la pasada XIV Legislatura aprobó el decreto 326, mediante el cual autorizó a la CAPA a contratar, con el aval del Gobierno del Estado, un crédito hasta por 560 millones de pesos. Con base en el artículo décimo del decreto, la CAPA estaba obligada a: a) Registrar contablemente los ingresos del crédito; b) Informar a la Sefiplan mensualmente de las disposiciones que vaya ejerciendo del crédito; c) Informar mensualmente a la Sefiplan de los pagos que realice a cuenta del crédito. De las anteriores obligaciones, se desprende que la única facultada para contratar, ejercer y disponer el crédito autorizado era la CAPA. A pesar de estas evidencias, el actual auditor Superior del Estado, Javier Zetina González, exoneró de toda responsabilidad a Guerrero Ortiz y a Guillermo Molina luego de fiscalizar la Cuenta Pública de la CAPA y entregar su informe, sin ninguna observación, a la anterior XIV Legislatura local.
Todo este embrollo administrativo tiene relación con el “paquete de impunidad” impulsado por Roberto Borge antes de concluir su mandato con el claro objetivo de garantizarse, para él y para sus colaboradores, un blindaje judicial a futuro. Pero tras la derrota del PRI por la Gubernatura y ante evidencias de corrupción de su mandato, en los meses de julio y agosto de 2016 Borge apresuró toda una serie de leyes, decretos, nombramientos de jueces y fiscales inamovibles que estuvieran a su servicio una vez fuera de su cargo. Dentro de este “paquete de impunidad” el Congreso local designó el 25 de julio de 2016 a Javier Zetina González, incondicional de Borge, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en un acto solemne cuya sesión tuvo que ser trasladada a un hotel de la Riviera Maya, ante la inconformidad ciudadana que impidió hacerlo en el recinto oficial.
Insólitamente, a un mes de haber asumido el cargo, el nuevo auditor ya había fiscalizado varias cuentas públicas, entre ellas la de la CAPA, que el 23 de agosto de 2016 la Legislatura, de mayoría priista, aprobó al vapor para que no cayeran en manos de los diputados de la entrante XV Legislatura. Según el informe que Zetina González rindió ante la pasada Legislatura, la auditoría practicada a la CAPA tuvo por objeto “verificar la razonabilidad financiera en conjunto y además verificar si los recursos provenientes de financiamientos se aplicaron de acuerdo a las leyes”.
En el capítulo 4º del informe de resultado, el Auditor afirmó que la revisión se hizo con “rigor técnico e independencia de criterio”, por lo que se suponía que la auditoría consistió en la revisión, entre otros puntos, sobre la comprobación y justificación con documentos originales del ingreso y gasto presupuestal de la CAPA.
Asimismo, de manera clara y precisa, indicó que “en la auditoría se incluyó la revisión documental que incluyó en su muestra el 100 por ciento de los recursos que la CAPA recibió por el crédito autorizado en el Decreto 326. Además, el Auditor omitió especificar en su informe ante el Legislativo que en el ejercicio fiscal 2015 la CAPA tuvo ingresos adicionales por 560 millones de pesos, derivados del crédito con Interacciones, así como tampoco especificó que existió una transferencia a la Sefiplan, y aun así el auditor aseguró que hizo una revisión documental de estos recursos.
Finalmente, en el apartado 8 “Dictamen”, concluyó que “los estados financieros de la CAPA presentan de forma razonable su situación financiera, esto de acuerdo a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental aplicados durante el periodo revisado” (Con información de Luces del Siglo)
Más de $ 618 mil pesos costaron baleados y apuñalados en Cancún
Por Antonio Ortiz
El crimen organizado y la delincuencia no solo se han apoderado del principal destino turístico nacional e internacional de México en su disputa por la venta de drogas y control de la plaza, aunado al miedo sembrado entre la población ante la inseguridad creciente, sino que le representaron a los contribuyentes y donadores un gasto de 618 mil 240 pesos en el 2016.
La Cruz Roja Mexicana, Delegación Cancún, a lo largo del 2016 atendió un total de 17 mil 41 servicios de emergencia, atención y traslado médico, entre ellos enfermedades y choques.
Entre esos servicios, 146 baleados y 138 apuñalados a lo largo del año pasado.
En enero del 2016, de un total de mil 262 servicios atendidos por los paramédicos, hubo un baleado y 14 apuñalados, contra 12 y 23 en este mismo año, respectivamente.
De acuerdo a estimaciones del director general de la Cruz Roja de Cancún, Amílcar Galaviz, la Benemérita institución destina mil 560 pesos para atender a una persona que fue balaceada y apuñalada, dado que se requieren más insumos médicos para brindarles los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital para su atención.
Por lo que el año pasado, le representó a la Delegación Cancún una erogación de 227 mil 760 pesos la atención de los 146 baleados. Mientras que en el caso de los 138 apuñados, el gasto fue de 215 mil 280 pesos.
Aunque por protocolos de seguridad de la Cruz Roja Internacional, indicó, en hechos delictivos de alto impacto, como son los balaceados, se envían dos ambulancias, en caso de que haya más pacientes que atender. Si tomamos en cuenta que con el aumento de los combustibles, un tanque de una unidad se llena ahora con mil 200 pesos.
Razón por lo cual hay que sumar el gasto del combustible, guardando sus proporciones al precio de las gasolinas del año pasado.
Paramédicos no son inmortales
Ante la necesidad de reforzar la integridad y seguridad del personal operativo y los paramédicos, de acuerdo a los lineamientos y protocolos de seguridad implementados por la Cruz Roja Internacional en caso de delitos de alto impacto, como son hechos de guerra o enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el crimen organizado, la Cruz Roja de Quintana Roo impartió el taller de “Acceso más seguro”.
Néstor Antonio López Hernández, coordinador estatal de Capacitación de la institución, dijo que el taller le permitió al personal recordar su capacitación, pero sobre todo que son seres humanos, por lo que hay que exagerar en las medidas de seguridad y prevención.
“Ante el ímpetu que tienen muchos de los jóvenes deseosos de ayudar y por tratar de auxiliar, no miden el riesgo; de ahí la importancia del taller para que estén prevenidos y tengan las bases para cuidarse, y no cometer actos que pongan en riesgo su vida, pero sin dejar a un lado la atención prehospitalaria de un paciente”.
Mencionó que “sin importar llevar un uniforme e insignias que nos identifican de la Cruz Roja, no somos inmortales; algo que se les puede olvidar a algunos. Por lo que en caso de que le suceda algo a un compañero, significa una posibilidad menos de salvarle la vida o auxiliar a una persona herida. Situación que pondría en riesgo la vida de otros paramédicos más, en su necesidad de auxiliar al compañero caído”, indicó.
Señaló que a lo largo de tres días, el taller fue impartido por los facilitadores Armando Gómez, de Playa del Carmen; Teresa Aburto, de Cozumel, y Eric López, de Cancún, todos coordinados por la técnico en urgencias médicas básicas Rubí Alpuche Pacheco, que es de Playa del Carmen.
Los primeros en recibir el taller fue el personal operativo de las delegaciones de Benito Juárez e Isla Mujeres; en marzo les tocará a los de Playa del Carmen, junto con los de Tulum y Cozumel, y a finales del próximo mes se impartirá en Chetumal, por lo que se invitará al personal de las delegaciones de Felipe Carrillo Puerto y Javier Rojo Gómez.
Estimó que entre las ocho delegaciones que tiene la Cruz Roja de Quintana Roo serán capacitados 250 técnicos en urgencias médicas básicas; y posteriormente se les reforzarán los protocolos de seguridad a los voluntarios, guardavidas, el comité de juventud, personal administrativo, directivos y damas voluntarias, que podrían ser aproximadamente 500 personas.
Siete principios
Sin olvidar los siete principios fundamentales de la Cruz Roja, indicó que el taller le permitirá al personal evitar que se exponga al máximo, sin dejar de cumplir el objetivo que es el de ayudar a las personas que requieren apoyo, entre ellos el médico, indicó
Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unida y universalidad, son los principios de la Benemérita institución. Pero los tres primeros están más enfocados cuando se tratan de hechos de alto impacto, aclaró.
Ahí viene el Lobo
Sin poder comparar los hechos delictivos de alto impacto que se registran con frecuencia en otros estados del centro y norte del país, entre ellos recientemente los ocurridos en Sinaloa, donde fue abatido “El H9”, Néstor Antonio López, reveló que se veía muy lejos que esto pudiera darse en Quintana Roo. Aunque recordó que siempre existe un riesgo, para aquellos que brindan el servicio prehospitalario al cubrir servicios de emergencia y traslado.
“Era algo que no se vivía en el Estado, tan frecuentemente; y estábamos nada más a la escucha de lo que pasaba en el resto del país. En las reuniones que se establecían a nivel nacional, recibíamos las sugerencias y recomendaciones de los compañeros que estaban involucrados , pero veíamos lejos esa posibilidad”.
El ex Secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita preso por acusación de enriquecimiento ilícito en el penal de Pacho Viejo, es propietario de seis empresas de seguridad privada en la Ciudad de México y una de ellas, Seguridad Privada GPR, se encuentra a seis minutos del edificio donde ocurrió el multihomicidio de la colonia Narvarte.
Un medio de comunicación nacional reveló que el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) podría haber participado en el asesinato de Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril.
Dicha información es relevante para el esclarecimiento del caso, registrado el 31 de julio de 2015.
Los abogados de las víctimas Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez presentarán la documentación ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que Bermúdez Zurita sea interrogado nuevamente y se profundice en las líneas de investigación que apuntaban hacia Veracruz.
La localización de las empresas del exfuncionario durante el gobierno priista, que encabezó el prófugo Javier Duarte de Ochoa, no ha formado parte de la investigación en el caso.
La empresa Seguridad Privada GPR está en la calle Luis Spota 151, colonia Independencia, a seis minutos en vehículo de la calle Luz Saviñón 1909, donde fueron brutalmente liquidadas las cinco personas.
Rubén Espinosa huyó de Veracruz por amenazas y hostigamiento del que fue objeto por parte de las autoridades locales, particularmente de Bermúdez.
Sujetos de civil con armas de fuego lo habían perseguido. Se trata de personas con un perfil que podría corresponder a militares, policías o guardias de seguridad privada.
De acuerdo con Aristegui Noticias, los abogados recabaron testimonios de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas de Veracruz, que confirman dicha situación.
Y es que durante el gobierno de Duarte fueron asesinados al menos 19 periodistas, según cifras de Artículo 19.
Actualmente, Arturo Bermúdez está preso en el penal de Pacho Viejo, Coatepec, pues fue vinculado a dos procesos judiciales por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad y tráfico de influencias.
El pasado 3 de febrero, fecha en que ingresó de manera formal al Centro de Reinserción Social (Cereso), familiares de desaparecidos e integrantes del Colectivo por la Paz protestaron afuera penal para exigir que el exservidor público fuera también investigado por su presunta participación en desapariciones y vínculos con la delincuencia organizada. Con información de www.aristeguinoticias.com
Hasta $ 20 mil cuesta servicio de “guarura” en Q Roo
Por Antonio Ortiz
Cancún. 12 Febrero.- Todo aquel empresario o representante de los medios de comunicación que solicite la custodia personal de algún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, salvo que sea por mandato de un juez a fin de preservar su integridad física, tiene que pagar al mes entre 15 a 20 mil pesos, aseguró el titular de la dependencia, Roldo del Ángel Campos.
De ser así, y de acuerdo una lista publicada por Pedro Canché Noticias desde el mes de septiembre pasado, deberían entrar mensualmente a la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiflan) de Quintana Roo un millón 200 mil pesos.
Lo anterior, gracias al servicio de guaruras que recibe un grupo de 40 dueños de periódicos y canales de radio y televisión y de “periodistas” de Quintana Roo, que gozaron de los “favores” del exgobernador Roberto Borge Angulo durante su gobierno; en vez de que los policías le brinden seguridad y protección a los quintanarroenses, para lo cual se contrataron y entrenaron.
Rodolfo del Ángel informó que ha depurado la secretaría bajo su mando, por lo que ya no hay uniformados asignados como custodios “salvo lo que la Ley permita. En el caso de ex funcionarios relacionados con seguridad pública, la Ley contempla el servicio de custodia por algún tiempo determinado”, dio a conocer.
Y en el caso de periodistas, explicó, si existe una recomendación de parte de la Fiscalía por obligación se les otorga la protección.
Contratación privada
El secretario estatal de Seguridad Pública informó que hay una unidad de servicios del Gobierno del Estado para la contratación de un vigilante privado, para lo cual debe pagar entre 15 a 20 mil pesos mensuales, aproximadamente.
Al portar amas los policías, para lo cual se requiere de una licencia, dijo que se hace un procedimiento de revisión del solicitante, ya que se verifica para qué requiere la custodia y cuál será la función a desempeñar de parte del personal contratado.
Resaltó que el policía estatal será asignado como custodio de la persona solicitante, mismo que hará el pago correspondiente de manera mensual.
¿Y la policía Municipal, cuánto cobra?
Si el monto de la contratación de los uniformados fuera similar para todos los municipios del Estado, la Tesorería de Benito Juárez recibe aproximadamente al mes un millón 600 mil pesos.
De acuerdo al encargado de la Dirección municipal de Seguridad Pública y Tránsito, José Luis Jonathan Yong, estimó que 80 de sus elementos están designados como custodios de algún funcionario del Ayuntamiento, empresario o periodista, si la Ley lo ordena para su protección; aunque también responde a órdenes emitidas por la Fiscalía para la custodia de un inmueble o área de los tres niveles de gobierno.
Afirmó no saber cuánto se cobra por el servicio, al ser competencia de la Tesorería Municipal.
Pero al preguntarle al tesorero Rogelio Díaz Ramírez al respecto, aclaró que no era de su competencia el cobro de un policía para brindar el servicio, al ser responsabilidad de José Luis Jonathan.
Ciudad de México, a 11 de febrero de 2017.- El 10 de febrero, la reportera Alejandra Marina Martínez fue amenazada directamente por el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, por cubrir un evento público en el municipio de Lázaro Cárdenas.
El funcionario agredió a la periodista al término de la Conferencia Nacional de Gobernadores, cuando grababa audio de las quejas de pobladoras hacia Corona Martínez, debido a la inseguridad en el municipio.
La jefa de prensa de la SSP Michoacán, Sandra Sáenz, vio a la periodista e informó al secretario. Momentos después el funcionario se acercó y la increpó: “Aquí no tienes nada que hacer, vete”.
Martínez insistió en que las demandas de los pobladores son de interés público y ellas tienen derecho a ser informadas sobre lo que ocurre en Lázaro Cárdenas, pero el funcionario negó que se tratara de un tema de inseguridad. En seguida elementos de seguridad pública le quitaron el teléfono celular para borrar la grabación.
“¿Crees que no te lo puedo quitar? ¿Segura?”, le dijo Corona Martínez. Policías y otros sujetos no identificados forcejeaban con la periodista bajo instrucción del funcionario. La periodista intentó defenderse y cuando pudo tomar de nuevo su celular pudo salir del lugar con ayuda de un compañero de prensa.
Desde 2012, Martínez ha sido víctima de diversas agresiones. La más reciente, el allanamiento a su hogar en diciembre de 2016, del que únicamente sustrajeron documentos sobre las notas políticas que cubre.
Las medidas otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no han sido efectivas. El botón de pánico que le fue entregado en 2015 no funcionó en esa ocación. Además, en noviembre del año pasado, el Mecanismo trató de retirar la protección pidiéndole firmar un escrito de desestimiento.
Esta situación ha orillado a la periodista a reducir su espacio de actuación y considerar dejar de ejercer el periodismo a causa del miedo y la presión constante. “En Michoacán no existen condiciones para ser periodista”, dijo Martínez en entrevista con ARTICLE 19.
El deterioro de las condiciones de trabajo para los periodistas en esta entidad resulta preocupante, ya que una de las principales necesidades para fortalecer el estado democrático de derecho es garantizar la libertad de expresión e información.
Además, al momento de la redacción de esta alerta, se hizo del conocimiento de ARTICLE 19 que Julieta López, coordinadora de comunicación social del gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, ordenó a medios de comunicación “bajar” o eliminar de sus portales toda nota o información relativa a esta agresión.
Ante tal situación ARTICLE 19 exige al secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, y a las autoridades locales en general, abstenerse de cometer actos violatorios de los derechos humanos al acceso a la información, a la libertad de expresión y de prensa. Por otro lado, instamos a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Michoacán (CEDH Michoacán) investigar los hechos anteriormente descritos y emitir la recomendación pertinente.
Finalmente, demandamos que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaria de Gobernación, refuerce las medidas de protección para Alejandra Marina Martínez y su familia considerando los antecedentes de agresiones.
Nota para prensa
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